La Fiscalía Superior de Catalunya ha apoyado este viernes el toque de queda nocturno en 161 municipios catalanes, como plantea la Generalitat para atajar la propagación del coronavirus, al entender que se trata de una medida "proporcional" dado el aumento de contagios.

El Ministerio Público ha presentado esta mañana un informe en el que no se opone al toque de queda ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en las próximas horas debe decidir si avala esa nueva restricción, que requiere autorización judicial porque afecta a derechos fundamentales.

El informe mantiene que las medidas planteadas "son proporcionadas, toda vez que la movilidad abarca la franja horaria de 01.00 horas a 06.00 horas e incluye importantes excepciones y solo para aquellos municipios que, según los indicadores, se encuentran en un nivel de riesgo muy alto" y tienen mayor tamaño.

Además, para la Fiscalía, las medidas "tienen un carácter delimitado, ya que se adecúan a los niveles de transmisión y positividad reales en cada momento para cada municipio con indicadores objetivos".

El Ministerio Público resalta también que las restricciones propuestas por la Generalitat no son "meramente precautorias, sino destinadas a contener, limitar y reducir los contagios actuales", por lo que está previsto revisarlas conforme avance la situación epidemiológica.

Según razona la Fiscalía, el toque de queda nocturno se dicta "ante la necesidad de proteger la salud pública" en Catalunya, donde "es pública y notoria la elevada capacidad de expansión de la enfermedad y la existencia de un riesgo inminente y extraordinario" que exige medidas para evitar la propagación del coronavirus.

"La experiencia a nivel nacional e internacional ha demostrado que las medidas preventivas de reducción de la movilidad y contacto entre personas han sido efectivas en la contención de la transmisión de la enfermedad", añade el escrito.

En ese sentido, recuerda la Fiscalía que la ley catalana de salud pública permite intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la población y limitar actividades y desplazamientos en caso de pandemia o epidemia.

En consecuencia, el Ministerio Público no se opone a la ratificación judicial de las restricciones a la movilidad nocturna y argumenta que estas medidas han sido "debidamente motivadas" y son "idóneas y necesarias" para atajar la evolución de los contagios, a la vista de los informes de la Agencia de Salud Pública aportados por el gobierno catalán.