- El Ararteko insiste en la importancia de que los niños y adolescentes extranjeros no acompañados obtengan de forma rápida una tutela o cuenten con representación legal desde que llegan a un país de acogida en la Unión Europea. Esta es una de las conclusiones de un estudio encargado a la institución presidida por Manu Lezertua por la sección europea del Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), en el que reconoce que los menas constituyen actualmente “uno de los principales desafíos de la migración”.

Advierte de que su acogida “va mucho más allá de asegurar sus derechos fundamentales y necesidades más básicas, como la alimentación, la vivienda, la atención sanitaria, la educación y la asistencia jurídica” porque el verdadero desafío al que deberán enfrentarse las autoridades europeas durante los próximos años es su integración, su transición a la edad adulta o su futuro acceso al empleo. El estudio constata que en regiones como Euskadi los menas reciben una “mejor atención” que en aquellos lugares donde el hecho de ser menor se supedita a su condición de inmigrante, al tiempo que reclama el derecho de estos niños a ser escuchados en todos los aspectos.

“Los estados deben esforzarse más por garantizar que todos los profesionales que trabajan con niños no acompañados en el contexto de la acogida” reciban una formación adecuada, señala el Ararteko, que también avisa de las dificultades que todavía hay para compartir información sobre los menas “tanto en el ámbito nacional como internacional”. Esta es una “deficiencia” que los Estados deben corregir para poder “intercambiar de forma rápida y efectiva información confidencial y colaborar” entre sí, añade.

También pide un mayor esfuerzo para asegurar la rápida asignación de una tutela o representación legal en el momento de llegada del menor al país de acogida, al tiempo que ve necesario “garantizar el acceso a servicios de salud mental” a menores no acompañados con problemas psicológicos o que han sido víctimas de violencia o abusos. Por último pide que cuando estos menores lleguen a la mayoría de edad sigan teniendo acceso a las políticas sociales (educación, atención sanitaria, servicios económicos y sociales), así como a medidas de apoyo individual y de seguimiento, hasta su autonomía personal.