Los países de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo llegaron este jueves a un acuerdo sobre el formato de un certificado de viaje que recoja información sobre si su portador ha recibido la vacuna, tiene una PCR negativa reciente o anticuerpos de una infección por coronavirus.
"Fumata blanca: tenemos un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para un certificado covid digital. Doy la bienvenida al acuerdo provisional de hoy alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Logramos esta nueva herramienta en tiempo récord para salvaguardar la libertad de movimiento para todos los ciudadanos", escribió en Twitter el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders.
Según el acuerdo final, los Estados miembros no impondrían en principio cuarentenas o medidas restrictivas adicionales a los portadores de este certificado, pero se reservan la capacidad de hacerlo de manera proporcionada si tales medidas están justificadas por la situación epidemiológica.
"Sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros de imponer restricciones de acuerdo con la salud pública", los países "evitarán imponer restricciones adicionales a los viajes (...) a no ser que sean necesarias y proporcionadas para salvaguardar la salud pública en respuesta a la pandemia de covid-19", se indicaba en el texto final.
Además, Parlamento y Estados miembros pactaron emplear fondos comunitarios para financiar las pruebas de covid-19 necesarias para obtener el certificado, de forma que se elimine parcialmente la discriminación económica entre quienes ya hayan sido vacunados y no tengan que hacerse una PCR y quienes aún no hayan podido acceder a la inmunización y, por tanto, deben presentar un test negativo para viajar.
El dinero, unos 100 millones de euros según la última propuesta de la Comisión, se canalizaría desde el Instrumento de apoyo de emergencia, creado para permitir el apoyo directo a los Estados miembros de la UE en sus esfuerzos por abordar la pandemia, así como una gestión coordinada de las necesidades relacionadas con la salida y recuperación de la crisis de la covid-19.
Por su parte, el pleno del Parlamento europeo pidió que la Unión Europea se una a la reivindicación promovida por India y Sudáfrica para que se suspendan de forma temporal las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, con el objetivo de facilitar que estos fármacos lleguen a la población de los países pobres.
La reivindicación salió adelante a través de una enmienda aprobada por un estrecho margen de 293 votos a favor, 284 en contra y 119 abstenciones, presentada por el grupo de La Izquierda a una resolución sobre la lucha contra el sida que fue adoptada este jueves en sesión plenaria.
El texto apelaba a la necesidad de que los países en desarrollo tengan un acceso "igualitario, asequible y rápido" a las vacunas y tratamientos, algo para lo que los eurodiputados consideraron que se debía respaldar la iniciativa que India y Sudáfrica llevaron ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Así, la Eurocámara pidió la "derogación temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, equipos y tratamientos" contra el coronavirus, al tiempo que instó a las farmacéuticas a "compartir sus conocimientos y datos" a través del Grupo Asesor Técnico para la puesta en marcha del Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la COVID-19 (C-TAP, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud.
Esta posición fue aprobada apenas un mes después de que el pleno rechazara en su sesión de abril otra enmienda redactada en la misma línea e incluida en un informe sobre el certificado europeo para la covid.
En su última cumbre, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE también se mostraron abiertos de manera general a debatir sobre la suspensión de vacunas como una opción a largo plazo, pero avisaron de que consideran que la solución urgente pasa más por que países como Estados Unidos y Reino Unido levanten sus trabas a la exportación de vacunas y componentes y a invertir en centros de producción también en países vulnerables.
Se prevé la compra de hasta 1.800 millones de dosis. La Comisión Europea (CE) firmó ayer el acuerdo con Pfizer-BioNTech, para la compra de 900 millones de vacunas contra la covid-19 entre finales de 2021 y 2023, con la opción de otras 900 millones adicionales, según comunicó el Ejecutivo comunitario. Según Bruselas, el acuerdo estipula que desde 2022 se garantice la entrega de las vacunas, obliga a que su producción se haga en la UE y que los componentes esenciales para fabricarla se obtengan también en territorio comunitario. También refuerza la posibilidad que tienen actualmente los países miembros para revender o donar las dosis sobrantes a terceros países o a través de la iniciativa COVAX. El objetivo es tener vacunas suficientes para poder combatir las variantes y poder afrontar la vacunación de los menores.
