- El sistema de atención a la dependencia en Iparralde se caracteriza por “el escaso impulso que da la administración al trabajo en red”, algo que contrasta con el protagonismo que cobran tanto en la CAV como en Navarra las dinámicas de participación y la coordinación entre los agentes públicos y la sociedad civil. Se trata de una de las diferencias detectadas en un análisis pionero realizado por el equipo científico de Eusko Ikaskuntza, en el que se han evaluado los sistemas de atención a las personas mayores dependientes de los tres territorios de Euskal Herria.

Si algo ha puesto de manifiesto la crisis provocada por el covid-19 es la necesidad de fortalecer el tejido social para favorecer a los colectivos más vulnerables, algo que se realiza con mayor ahínco a este lado del Bidasoa. Sin embargo, existen diferencias muy significativas en cuanto al pago de los servicios. En el Estado francés, al contrario de lo que ocurre en la CAV y Navarra, la administración sanitaria financia de forma estructural una parte importante de los recursos residenciales, a la que contribuyen las empresas mediante una cotización específica.

En Hegoalde, por el contrario, los servicios de atención a la dependencia se financian mediante impuestos ordinarios, “sin que se haya planteado la necesidad de diseñar fuentes de financiación finalistas que contribuyan a la sostenibilidad de los servicios sociales”, según recoge el informe.

Dos caras de una misma moneda en un espacio conformado por la CAV, la Comunidad Foral Navarra e Ipar Euskal Herria, en el que se asientan tres modelos de bienestar social con niveles competenciales y concepciones políticas diferentes. El territorio transfronterizo es, en ese sentido, “un espacio de reflexión estratégico” para mejorar las políticas de intervención social.

Es el punto de partida de este estudio pionero financiado por el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, que se enmarca en un ambicioso proyecto de Eusko Ikaskuntza. El objetivo, crear “un laboratorio de análisis y de innovación social” en relación al modelo de bienestar social y a las políticas públicas de los diferentes territorios de Euskal Herria.

El informe analiza cada uno de los modelos de atención a la dependencia. En el caso de Iparralde, se articula principalmente en torno a una prestación económica que se concede a las personas mayores de 60 años que acreditan una situación que dificulta su autonomía. Se trata de una prestación universal, y con ella se financia tanto el acceso a los servicios de apoyo en el domicilio como a los centros residenciales que eligen las personas usuarias.

Una de las principales diferencias detectadas, según recoge el documento, es que el modelo establecido en el Estado francés se basa en la concesión de una prestación económica mediante la cual las personas usuarias “acceden a los servicios, públicos o privados, disponibles en su zona de residencia”. El modelo en Hegoalde es diferente. Aunque se van extendiendo este tipo de prestaciones, en general es la administración la que contrata o concierta los servicios, “y la capacidad de elección de las personas usuarias se ve restringida por la relativa rigidez de los sistemas de acceso a los servicios”.

Otra de las diferencias relevantes se refiere a la amplitud de la cartera de servicios disponibles. Tanto en Navarra como la CAV disponen de catálogos muy amplios, con servicios y prestaciones de diverso tipo. En el Estado francés la oferta es por el contrario más limitada. Con respecto a Hegoalde, se constata también una mayor dotación del personal en los Servicios Sociales del Departamento de Pirineos Atlánticos.

El informe incluye una serie de retos comunes al conjunto de los tres territorios. Destaca entre ellos la necesidad de apoyar itinerarios de vida e impulsar la atención de las personas dependientes en el domicilio. El documento recoge la necesidad de reforzar también el apoyo a las personas cuidadoras, favoreciendo “fórmulas de alivio”.

La adaptación de las viviendas y del entorno arquitectónico también es señalado como reto, así como la necesidad de mejorar las condiciones laborales de las personas que trabajan en el sector.

Otro de los objetivos trazados pasa por mejorar la coordinación institucional para hacer frente a la fragmentación administrativa “respetando la diversidad territorial y garantizando la igualdad en el acceso a los recursos”.