Las epidemias y las pandemias son uno de los diecisiete tipos de riesgos y amenazas que el Gobierno vasco contempla que pueden afectar singularmente en el futuro a la seguridad en Euskadi.

El vicelehendakari y consejero de Seguridad del Ejecutivo de Gasteiz, Josu Erkoreka, ha presentado este lunes en el Parlamento el segundo Plan General de Seguridad Pública de Euskadi 2020-2025, un documento que pretende situar a la comunidad autónoma con unos niveles "excelentes" de seguridad real y percibida por la ciudadanía.

Este plan pretende acometer un cambio del sistema de seguridad pública, facilitado por la transformación digital y basado en la prevención, la asistencia y la corresponsabilidad institucional y ciudadana en el ámbito de la Policía, las emergencias, la seguridad vial, el juego y los espectáculos.

Detecta y define los diecisiete riesgos y amenazas, cinco más que el anterior plan, entre los que están los naturales provocados por desencadenantes geológicos, climáticos o biológicos, los riesgos tecnológicos en el caso de los delitos informáticos y los antrópicos, provocados por una actuación humana intencionada o negligente.

Cita en primer lugar las epidemias y pandemias. El objetivo del plan es desarrollar planes de preparación y respuesta ante estas amenazas sanitarias.

El plan contempla las amenazas para la convivencia democrática, ya que aunque la actividad de grupos de extrema derecha en Euskadi es "residual" no se deben desechar los riesgos ante esta "potencial amenaza global".

En materia de terrorismo, se recogen las acciones violentas del islamismo radical con el foco puesto en la prevención, la interlocución "permanente" con las comunidades islámicas y la detección precoz de las personas potencialmente peligrosas.

Otro de los riesgos contemplados es la violencia contra las mujeres con el fin de coordinar a la Ertzaintza y a las diferentes policías locales para "evaluar y valorar" de la misma manera los riesgos de las mujeres víctimas y dar la mejor respuesta a la violencia machista.

Se prevé la elaboración de planes, protocolos y tácticas para minimizar los daños humanos y materiales como consecuencia de las inundaciones, deslizamientos de tierras, nevadas, fuertes vientos, incendios y otros fenómenos naturales.

Otros objetivos son avanzar hacia la "visión cero" accidentes de tráfico y, de manera particular, se contemplan los accidentes y siniestros con múltiples víctimas y la manera de optimizar los recursos y los medios de rescate y atención.

También se tienen en cuenta las posibles congestiones viarias, la ciberseguridad, el trabajo de lucha contra las bandas delictivas organizadas y la violencia asociada al ocio, como los robos, los delitos contra la libertad sexual y la violencia asociada a espectáculos deportivos, entre otros.

Reducir la tolerancia social con las drogas ilegales, la protección de las infraestructuras críticas y sensibles, y tratar de evitar las conductas "descontroladas" asociadas a la adicción al juego son otros de los riesgos recogidos en el plan, que también cita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

El Gobierno vasco también se pone como objetivo perseguir los incumplimientos de la normativa de protección del medio ambiente y atender a los riesgos derivados de la actividad industrial, el transporte y la manipulación de equipos y sustancias peligrosas.

Durante la comparecencia, el consejero ha mantenido un debate con el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga que ha concluido que determinadas situaciones demuestran que hay "claros síntomas de agotamiento" del actual modelo policial y que es necesaria una "depuración de raíz" en el seno de la Ertzaintza.

Erkoreka ha explicado que los modelos policiales evolucionan "permanentemente" pero la izquierda abertzale "siempre está en contra" del modelo vigente en cada momento.

Ha preguntado a EH Bildu si su modelo es el de Cuba, Venezuela, Corea del Norte o Rusia y ha criticado que base sus críticas en las actuaciones de la Ertzaintza cuando tiene que utilizar la fuerza contra las personas ante la posible vulneración de derechos y libertades.