a victimización secundaria afecta especialmente a las víctimas de delitos sexuales y de violencia de género durante el proceso que transcurre desde que deciden denunciar hasta que se dicta sentencia. El interrogatorio el martes del fiscal a la víctima de una violación múltiple en una nave industrial de Sabadell, incisivo y con constantes interrupciones y preguntas sobre si estaba segura de lo que narraba, ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de revisar el cuestionamiento judicial a las víctimas, que algunos juristas califican de violencia institucional.

Tanto la Asociación de Mujeres Juristas Themis como la Fundación Mujeres alertan de que esta victimización secundaria se produce con frecuencia, al ponerse más el foco en la víctima que en el agresor y obviar la situación por la que está pasando la mujer al revivir los hechos que sufrió. La psicóloga especializada en violencia sexual y procesos de victimización, Alba Alfageme, denuncia que los parámetros de los interrogatorios no tienen en cuenta el “shock traumático” ni el “impacto psicológico” de una agresión sexual.

“Hay que buscar un equilibrio porque una pregunta puede ayudar a la víctima o poner en tela de juicio lo que dice”, advierte, y recuerda que una estrategia de supervivencia de las víctimas de violencia sexual es “olvidar determinadas cosas” para poder “salir adelante”. Cuestiona por tanto la estrategia de “apretar” a las víctimas durante los interrogatorios para detectar contradicciones y confirmar su relato a pesar de que existen otro tipo de pruebas, como periciales biológicas o informes forenses, que pueden corroborar su versión.

Desde Themis lamentan que estas actuaciones disuaden a otras víctimas de denunciar y son percibidas por la opinión pública como expresión de sospecha hacia la víctima.

La magistrada Isabel Tobeña, responsable de las áreas de igualdad y violencia sobre la mujer de Juezas y Jueces para la Democracia, sostiene que en un juicio hay que preguntar por todos los aspectos que son de interés para determinar qué delitos se han cometido, por ejemplo las fechas, las veces que ha sufrido los abusos o en qué han consistido. “Es necesario saber según qué cosas, aunque resulte doloroso, para la calificación jurídica y delimitar la pena, pero las preguntas se pueden hacer de manera amable y acogedora sin perder un ápice de profesionalidad”, coincide la magistrada y socia fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Lucía Avilés.

Es una situación angustiosa, prosigue Tobeña, y “hay que ser empáticos, cuidadosos y atentos, como debe hacerse con todas las víctimas, pero no es lo mismo el sufrimiento de una mujer violada que el de quien ha sufrido el hurto de su cartera”.

La abogada penalista Laia Serra aboga por informar a las víctimas sobre cómo funcionan los juicios y de qué manera transcurrirá el interrogatorio, para que entiendan que el “aprieto” por el que tienen que pasar al revivir los detalles de la agresión “puede ser útil”. Para la vicepresidenta de Themis, la abogada Altamira Gonzalo, evitar la victimización secundaria depende más de la mentalidad de los operadores jurídicos que de cambios en las leyes, “que pueden ayudar pero no son determinantes”. Y añade que “no se debe dudar de la denuncia, lo que hay que hacer es averiguar si los hechos denunciados son ciertos”. Sin embargo, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, considera que el cuestionamiento de la víctima se debe sobre todo a cómo está definido el procedimiento penal y a la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal (una penetración sin consentimiento puede ser considerada abuso o agresión en función de si ha habido violencia o intimidación). Pero la magistrada Avilés asegura que, con la ley en la mano, el interrogatorio a la víctima de Sabadell se podía haber hecho de otra forma, y niega con rotundidad que la futura ley de garantía integral de la libertad sexual vaya a acabar con los sesgos cognitivos y el sexismo.

La mediación de psicólogos en los interrogatorios, la utilización de cámaras Gesell (habitaciones anexas unidas por un espejo espía, lo que permite a menores víctimas de abusos declarar sin presión), las pruebas preconstituidas -para evitar varias declaraciones- son algunas alternativas para reducir la victimización secundaria.