- La regularización y la despenalización de la eutanasia se hizo realizad ayer después de que el Congreso diera el sí definitivo al texto procedente del Senado. La Cámara Baja ya respaldó por amplia mayoría la norma en diciembre, pero por trámites legislativos los senadores incorporaron algunas enmiendas que requerían de una última ratificación.
La norma que introduce un nuevo derecho en el Estado, se ha saldado con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, y lleva a España a ser uno de los primeros Estados del mundo en permitir ayudar a morir dignamente -después de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia, aunque solo con el aval del Tribunal Constitucional-, ante sufrimientos irreversibles tras más de 20 años de intentos fallidos y de intenso debate social y político.
La ley ha salido adelante con la oposición de PP y Vox, que han defendido sendos vetos a lo largo de su tramitación parlamentaria y han advertido de su inconstitucionalidad y de la “irresponsabilidad” de aprobar esta norma sin desarrollar antes unos buenos cuidados paliativos.
La ley de la eutanasia entrará en vigor en junio, tres meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado e incluirá la ayuda médica para morir como una nueva prestación en el Sistema Nacional de Salud, con claras reglas sobre quién puede pedirla, cómo y con qué controles.
Si el paciente cumple los requisitos fijados en la ley y no hay incidentes, podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras un proceso en el que será informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles.
La ley regula también la posibilidad de pedir ayuda para morir en un documento de instrucciones previas, el conocido como testamento vital, al que se recurrirá cuando la persona no pueda realizar una solicitud de forma autónoma y consciente.
El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
Hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses.
En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.
El paciente debe formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas, aunque el médico puede acortar ese plazo si cree que existe un riesgo “inminente” de “pérdida de la capacidad” del enfermo para otorgar el consentimiento informado.
El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento o pedir su aplazamiento.
Una vez recibida la primera solicitud, el médico responsable realizará con el paciente un “proceso deliberativo” sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, análisis que se repetirá tras la segunda solicitud.
Después se volverá a preguntar a la persona si desea desistir o continuar. Si mantiene la solicitud, el médico responsable deberá consultar el caso con un “médico consultor”, que tendrá un plazo de diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.
En cada comunidad autónoma deberá crearse en el plazo de tres meses una “Comisión de Garantía y Evaluación” compuesta por personal médico, de enfermería y juristas y responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.
Tras ser informado por el médico de una petición, el presidente de la comisión designará a dos miembros que tendrán siete días para verificar que se cumplen los requisitos previstos en la ley. Las resoluciones desfavorables de la Comisión podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El paciente tiene derecho a elegir cómo quiere recibir la ayuda para morir: que el personal médico le administre directamente una sustancia, o que le prescriba o le facilite la sustancia, de modo que se la pueda “autoadministrar” para causar su propia muerte.
En el primer caso, la ley establece que el equipo sanitario asistirá al paciente hasta el momento de la muerte. En el segundo, que “mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento”.
El proceso podrá realizarse en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- o en el domicilio del enfermo. Una vez realizada la eutanasia, el médico responsable tendrá que remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación toda la documentación del caso. De acuerdo con esta ley, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural.
La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Los servicios de salud autonómicos deberán garantizar la prestación.
La ley reconoce a los profesionales sanitarios el derecho a la objeción de conciencia, que deberán manifestar de forma anticipada y por escrito. Las administraciones sanitarias crearán un registro de objetores, sometido a estricta confidencialidad, para garantizar la adecuada gestión de la prestación.
Petición de rechazo. El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, hizo un llamamiento a los españoles para que suscriban en sus testamentos vitales el rechazo a que se les aplique la eutanasia y pidió promover la objeción de conciencia entre los sanitarios.
90%
El 90% de la población se muestra favorable a la eutanasia, según una encuesta de Metroscopia de 2019. El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta sobre esto desde 2011, cuando el 77,5% se mostró a favor.
David Lorente, hijo de Maribel Tellaetxe aseguró que se había quitado de encima una mochila y lamentó que su “amatxu” pudiera disfrutar “de este derecho”.
Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, quien murió tras más de un mes de agonía, aseguró que le han llamado asesina y defendió que “esta lucha también es amor”.
