- Un total de 651 profesionales de la sanidad pública vasca sufrieron agresiones en 2020, según datos del Observatorio de Agresiones de Osakidetza difundidos ayer por el sindicato de enfermería Satse, que participa en dicho organismo. La central explicó en una nota que este Observatorio, que tiene como objetivo reducir las agresiones físicas y verbales en el Sistema Vasco de Salud, se reunió ayer por primera vez tras el inicio de la pandemia de covid-19.

Según los datos dados a conocer por el organismo, 651 profesionales fueron agredidos en la sanidad pública vasca en el último año, aunque Satse consideró que esos datos no reflejan la realidad de lo ocurrido. “Este año ha sido atípico, ya que la pandemia ha saturado los servicios de prevención y probablemente ha habido una infradenuncia de las agresiones”, señaló.

El sindicato, según explicó, ha elaborado un proyecto de ley estatal con más de cincuenta medidas para luchar contra los episodios de violencia física y verbal que sufre el personal sanitario, especialmente, las enfermeras. Asimismo, consideró que la violencia en el ámbito sanitario constituye “un grave problema”, que afecta a ocho de cada diez enfermeras.

También puso de manifiesto que este problema “sigue muy presente en la pandemia del covid-19, registrándose de manera frecuente agresiones verbales, como insultos o amenazas, y también de carácter físico, como empujones, puñetazos o golpes”. Para combatirlo, Satse propone, entre otras medidas, generalizar los sistemas de videovigilancia en los pasillos, salas de espera y admisión, y dotar de dispositivos de alarma a las consultas.

También plantea la inclusión en la historia clínica del paciente de sus antecedentes como “sujeto activo de violencia sanitaria, si es el caso”, y la implementación de un servicio específico encargado de prestar apoyo psicológico a la víctima.

En el ámbito de la Administración pública, Satse aboga por que el servicio autonómico de salud correspondiente, en el caso de Euskadi Osakidetza, se persone como acusación particular en las causas penales abiertas.

Por último, defiende que la víctima de un caso probado de violencia sanitaria pueda solicitar el traslado a una plaza o puesto en distinto centro, servicio o unidad.