El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes incrementar en 15 millones la partida inicial destinada a las Ayudas de Emergencia Social (AES) para atender las consecuencias derivadas del impacto de la pandemia. Por lo tanto, el montante de la orden es de 38 millones, a los que habría que añadir otros 4,5 millones adicionales, que surgen de la aplicación del mecanismo de compensación que marca la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.

El Ejecutivo ha señalado que, por lo tanto, el importe final que el Gobierno vasco invertirá en las Ayudas de Emergencia Social suma un total de 42,5 millones.

Según ha explicado el Ejecutivo, los 15 millones extra se han habilitado para responder a las situaciones originadas por el impacto de la covid-19 en materia de exclusión y se extraen de la partida Medidas Covid19 habilitada en los presupuestos vascos.

Presupuesto inicial de 27,5 millones

El Gobierno vasco ha recordado que el año pasado el Ejecutivo ya amplió ese presupuesto inicial de 27,5 millones de euros a 43,5 millones (incorporando 16 millones de euros) y fue durante las primeras semanas del confinamiento, para dotar así a los ayuntamientos de "una herramienta que pudiera atender las necesidades que se estaban detectando". Según ha apreciado, gracias a esa "rápida acción" se estima que 65.000 personas se vieron beneficiadas en 2020 por las AES.

En este 2021, el Gobierno entiende que la situación económica sigue afectada por las consecuencias de la pandemia, y por ello ha habilitado 15 millones de euros extra a esta partida de Ayudas de Emergencia Social.

El Ejecutivo ha recordado que las AES son prestaciones no periódicas, de naturaleza económica, destinadas a aquellas personas, integradas en una unidad de convivencia cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusión social.

Estas Ayudas de Emergencia Social se utilizan para cubrir todo tipo de gastos derivados del mantenimiento de la vivienda, y necesidades primarias de vestido, educación, formación y atención sanitaria. Son, en definitiva, gastos necesarios para atender las necesidades básicas de vida. Las familias pueden solicitarlas a través de los servicios sociales de base y los ayuntamientos de Euskadi reciben su parte proporcional del presupuesto total del Gobierno para distribuirla entre sus vecinos más vulnerables.