Ley vasca de relaciones familiares

"Un maltratador no puede ser un buen padre"

Las mujeres en procesos de separación "no son seres perversos" que diseñan estrategias para dañar gratuitamente a sus exparejas, señala el médico forense Miguel Lorente Acosta en el Parlamento Vasco

02.03.2021 | 17:13
El médico Miguel Lorente Acosta en su comparecencia este martes en el Parlamento Vasco

Las mujeres en procesos de separación "no son seres perversos" que diseñan estrategias para dañar gratuitamente a sus exparejas. El médico forense Miguel Lorente Acosta ha alertado este martes sobre la necesidad de "desprenderse de estos estereotipos culturales", para abrir los ojos a una cruda realidad: casi nueve de cada diez mujeres que sufren maltrato lo hacen conviviendo con sus hijos, y lejos de denunciar estos hechos ven en la ruptura de pareja el único modo de salir del infierno.

Acosta ha asegurado que "un maltratador no puede ser un buen padre", por lo que entiende que no se puede esperar de brazos cruzados a que haya una sentencia firme para proteger al menor. "¿Qué ocurre en estos casos? ¿Hacemos como que no existe ningún riesgo? Hace falta arbitrar medidas garantistas".

El médico ha comparacido este martes en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, donde se ha abordado durante la mañana la propuesta de modificación de la ley vasca de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores.

El objetivo de esta iniciativa es establecer un marco jurídico adecuado para atajar episodios reiterados de violencia. Una de las cuestiones que más controversia suscita es el acomodo legal que pueda tener la privación de la custodia para aquellos progenitores inmersos en un procedimiento judicial por supuesta violencia de género.

EH Bildu, formación que ha presentado el texto de reforma, entiende que en cuanto haya denuncia de por medio se debe separar a los padres de sus hijos. La Federación vasca para el Apoyo Integral en las Crisis Familiares, Kidetza, se opone y dice que esa decisión le compete a los jueces.

De lo contrario, dice Juan Pousibet, presidente de esta asociación, "se dictarían sentencias a través de una modificación de la ley, dejando sin recursos ni maniobra a los jueces de instrucción, además de dejar sin voz a fiscales y a los propios menores cuando estos sean maduros para poder prestar declaración". A pesar de las posturas antagónicas, ambas partes han tenido ocasión de exponer sus diferencias durante esta mañana en un ambiente cordial.

En opinión de Kidetza, la modificación de los artículos tal y como se han planteado "solo conseguirá criminalizar al padre ante su hijo y la sociedad, sea este culpable o no, es decir, menoscabando el principio de presunción de inocencia, pero únicamente de los progenitores varones".

Los jueces no se cierran a ninguna reforma de mejora, pero defienden adoptar "medidas adecuadas a cada caso", y no privar por sistema a un progenitor de ver a su hijo cada vez que se interpone una denuncia. "Establecer automatismos puede producir situaciones que vulneran derechos fundamentales", advierte Edmundo Rodríguez Achútegi, magistrado de la Audiencia de Bizkaia.

La Diputación de Gipuzkoa también ha tomado parte en la sesión de trabajo del parlamento. La titular de Políticas Sociales, Maite Peña, ha subrayado la necesidad de reforzar la protección de los menores, aunque para ello entiende que el actual marco normativo incluye las herramientas suficientes. "Lo que hace falta ? ha indicado- es una mayor agilidad e inmediatez en los procedimientos judiciales cuando hay un procedimiento abierto por violencia de género".

Acosta, que fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género, ha admitido en la comparecencia de esta mañana la complejidad de muchos de los casos, pero ha recordado los datos de la última macroecuesta en el Estado para despejar todo asomo de duda. "Más de cuatro millones de mujeres han sufrido malos tratos en los últimos doce meses, y solo denuncia los hechos un 8% de ellas", subraya.

"Tenemos que ser conscientes de la invisibilidad de la violencia de género a la hora de estudiar la modificación de ley", ha expuesto. Incluso aunque se interponga una denuncia, el experto recuerda que a partir de ese momento se abre un largo compás de espera "que puede tener consecuencias imprevisibles si no se hace un seguimiento adecuado".

La abogada Marta Dolado, al frente del equipo jurídico del módulo psicosocial Auzolan, incide en la necesidad de dirigir la mirada hacia los menores en los procesos de ruptura de sus padres. "No se les reconoce como víctimas. Parece como que en la cabeza del juez no entra la posibilidad de que estos menores sean víctimas de maltrato".

La abogada defiende para los hijos el reconocimiento de un estatuto de la víctima, teniendo en cuenta el largo listado de secuelas que deja en ellos vivencias tan traumáticas. "Quienes viven sometidos a conductas agresivas de sus padres desarrollan con el tiempo problemas de ansiedad, depresión, de conducta. Acaban desarrollando marcados roles de género y suelen reproducir con su madre y sus parejas la violencia que han vivido", ha detallado.