- El Congreso respaldó ayer el real decreto del Ministerio de Educación que adopta medidas urgentes en educación no universitaria por la crisis del coronavirus, y que permite a las comunidades adaptar los criterios de evaluación, promoción y titulación en Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Se convalidó el real decreto-ley con 187 votos a favor, 154 en contra y 7 abstenciones; no se aprobó embargo que se tramitara como proyecto de ley por procedimiento de urgencia.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo que es "sencillamente falso" que se pueda titular en Secundaria y Bachillerato con suspensos como le criticaban partidos de la oposición y varios sindicatos y colectivos de la comunidad educativa. Para titular "se necesitará que se garantice que el alumno ha conseguido los objetivos generales" de la etapa correspondiente, aseguró.

No obstante, el real decreto-ley señala: "La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar para el acceso a ambas titulaciones".

En todo caso, para la obtención del título de Bachiller "será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia", se añade.

La ministra subrayó que no se tiende a un menor esfuerzo y que será el equipo docente, "de manera colegiada", el que decidirá si se han conseguido los objetivos.

Sobre el punto del decreto que permite, de manera excepcional por la covid, que las comunidades contraten como profesores a titulados que no tengan el máster para la docencia, recalcó que se trata de reforzar las plantillas y solo cuando se agoten las bolsas de empleo.

El decreto debatido en la Cámara baja recibió las críticas y el voto en contra del PP, que habló de "aprobado general encuebierto". Su diputado Óscar Clavell dijo a Celaá que "es digna de visitar el rincón de pensar", que el decreto "fractura el sistema educativo" y "es un castigo al esfuerzo".

Marta Martín (Ciudadanos) también criticó que su contenido parece "lo urgente" para el Gobierno pero no para los niños y profesores. "Es la propuesta del cangrejo, para atrás", rebaja el nivel del sistema y de la capacitación del profesorado, que será "a la carta", y crea "desigualdad".

Para Georgina Trías (Vox), el texto es "la plasmación" de que el Gobierno "siempre llega tarde y mal" en educación. No tiene un criterio unificado sino que deja en manos de las comunidades y centros "la decisión sobre la promoción de los alumnos; es un agravio comparativo entre españoles que no nos merecemos", añadió.

Sergio Sayas (UPN) dijo asimismo que votaría no "al decreto del aprobado general", que "da una patada al esfuerzo y devalúa" los títulos y la profesión docente.

La Comisión de Educación del Congreso votó ayer en contra, con los votos, entre otros, de PSOE y Unidas Podemos, de que la comunidad educativa participe en el trámite parlamentario actual de la reforma educativa del Gobierno, la Lomloe o ley Celaá. Las comparecencias que habían sido solicitadas por PP, Ciudadanos y Vox no salieron adelante por 20 votos en contra y 16 a favor.

Se ratificó así el acuerdo sobre comparecencias tomado el pasado día 6 y que provocó que PP, Ciudadanos y Vox acusaran a los partidos que gobiernan en coalición de vetar a la comunidad educativa.