Destapada en Bizkaia una red de trata de personas

05.08.2020 | 01:06

Bilbao – La Policía Nacional ha desarticulado en Bizkaia una organización de origen pakistaní dedicada a la trata de seres humanos y a la explotación laboral de compatriotas. En dicha operación se han detenido a siete personas, seis de nacionalidad pakistaní y una rumana, que presuntamente explotaban a sus víctimas en fruterías, sin ningún tipo de contrato ni alta en la Seguridad Social.

Las víctimas de esta organización son en su totalidad hombres de nacionalidad pakistaní. Estos pagaban a la organización entre 8.000 y 10.000 euros por su traslado desde Pakistán a España y después eran empadronados en domicilios vizcaínos tras pagar 3.000 euros para, posteriormente ser explotados laboralmente en fruterías. A los tres años, la organización les ofrecía un contrato de trabajo legal a cambio de 8.000 euros para poder solicitar la tarjeta de residencia.

En el marco de la operación, la Policía Nacional ha llevado a cabo el registro de cuatro domicilios en Bizkaia, dos en Gernika y otros dos en Bermeo.

Entre todos los pisos se han intervenido 93.522 euros en metálico, teléfonos móviles y diversa documentación.

Las investigaciones comenzaron después de recibirse la denuncia de una persona que puso a la Policía tras la pista de la organización, que captaba a sus víctimas mediante el "boca a boca" en la ciudad de Vehari (Pakistán). La red utilizaba preferentemente rutas terrestres para introducir a estas personas en el país, atravesando Europa en viajes de uno a dos meses. El precio de estos viajes ascendía a una suma que rondaba entre los 8.000 y 10.000 euros. En España, la organización empadronaba a los ciudadanos pakistaníes en pisos controlados por la red en Gernika y Bermeo. Las víctimas pagaban 3.000 euros por alojarse en ellos. Después estas personas eran obligadas a trabajar en fruterías. Les obligaban a hacerlo durante largas jornadas bajo amenazas, sin contrato de trabajo y en tareas que no implicaban trato con el público para reducir su visibilidad ante posibles inspecciones de trabajo". Después de trabajar tres años, debían pagar 8.000 euros a la red para lograr un contrato laboral en regla.