Derrumbe del vertedero en febrero

Los tres detenidos por Zaldibar son acusados de homicidio imprudente

Pese a haberse negado a declarar deberán comparecer una vez al mes y como medida cautelar se les retira el pasaporte

23.07.2020 | 23:43
José Ignacio Barinaga, propietario de la escombrera, en el momento de su salida de los juzgados de Durango. Foto: Iñigo Foronda

durango – Sus abogados ya habían advertido que la actuación de la Er-tzaintza que les llevó a los calabazos de la Comisaría de Eibar no se ajustaba a derecho por lo que los tres directivos de Verter Recycling detenidos este pasado martes se negaron a declarar ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, Sofía María Sánchez Ortega. Tampoco lo hicieron, al parecer, durante los dos días que estuvieron bajo custodia de la unidad judicial de la Policía vasca en la Comisaría de Eibar, aunque esta es una práctica habitual entre la mayoría de las personas arrestadas. Y todo, a pesar de haber manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de colaborar en la investigación de las causas que provocaron el derrumbe del vertedero en el que murieron los trabajadores Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán.

Ayer, los tres ofrecieron la cara B y se acogieron a su derecho a no prestar declaración. Fuentes de la empresa gestora del vertedero justificaron la conducta de los tres detenidos debido a que "escasamente una hora antes de comparecer es cuando los abogados han recibido el atestado con un montón de folios y no han tenido tiempo material de examinarlo". "Ante esta situación en la que no se sabe muy bien por qué se les detiene y ante un montón de folios que los abogados deben estudiar, han ejercido su derecho a no declarar", apostillaban las mismas fuentes. Y es que el galimatías legal desencadenado por los arrestos –sin orden judicial pero sí con conocimiento de las autoridades judiciales– fue finalmente la mejor defensa jurídica para que José Ignacio Barinaga (propietario), su sobrina (gerente) Arrate Bilbao y el director técnico Juan Etxebarria recuperen la libertad. Eso sí, no será como la de antes. Ellos también vivirán una nueva normalidad ya que deberán comparecer y firmar en el registro del juzgado de Durango una vez al mes y, además, como medida cautelar, se ha optado por retirarles el pasaporte.

Homicidio y desastre ambiental Son las dos principales consecuencias que se derivan de la grave acusación que pesa sobre ellos: un delito de homicidio imprudente por la muerte de los dos trabajadores. Así consta en el auto judicial (documento que no es público) que se inserta en la fase de investigación de las causas de aquella catástrofe humana –los cuerpos de Sololuze y Beltrán aún no han podido ser recuperados– además de desastre ambiental que hace casi seis meses soliviantó los ánimos de 50.000 vecinos de los alrededores del vertedero e incluso llegó a poner en jaque al propio Gobierno Vasco.

La larga instrucción del caso, con distintas piezas en varios juzgados –se investiga la desaparición de Sololuze y Beltrán y los supuestos delitos que se habrían cometido contra los derechos de los trabajadores y contra el medio ambiente– ha ido superando etapas. Fue hace poco más de un mes cuando se filtraron a la opinión pública algunas de las conclusiones de la investigación capitaneada por la Ertzaintza. La principal apuntaba a "indicios de criminalidad" en la gestión de la planta.

En el sumario judicial abierto y bajo secreto en los juzgados de Durango, la Ertzaintza vincularía diversas "actuaciones irregulares" con la rotura del vaso y el consiguiente alud de miles y miles de toneladas de basuras de todo tipo que se habían acumulado en la parte alta de la escombrera y que acabaron arrastrando y sepultando a los dos operarios de Verter Recycling. Ahora, el auto judicial vendría a secundar esta tesis. De ahí la acusación de homicidio imprudente y las medidas preventivas decretadas por la titular del Juzgado nº1 de Instrucción de Durango con el fin de evitar males mayores.

De este modo, la polémica suscitada con el malentendido entre los estamentos judicial y policial parece haber avivado el curso y ritmo de las investigaciones a todos los niveles para recabar la mayor cantidad de datos, y tratar de aclarar los hechos ocurridos aquel fatídico 6 de febrero en la escombrera localizada en el núcleo de Eitzaga, cuyos vecinos precisamente se concentraron ayer a la tarde frente al Ayuntamiento de Zaldibar para dejar constancia de su hartazgo con la burbuja en la que viven desde hace casi medio año, cuando se produjo este episodio, imprevisto pero predecible a tenor de las investigaciones.