El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros el real decreto que establece las medidas que regirán en la nueva normalidad y que estará vigente hasta que haya "una terapia eficaz" contra el coronavirus, según ha avanzado el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La norma declara la covid-19 como "enfermedad de declaración obligatoria urgente".

De este modo, las comunidades deberán suministrar información cuando se produzcan "situaciones de emergencia para la salud pública", para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios "para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica" del covid-19, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material.

Mascarilla obligatoria

El decreto mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público "siempre que no se garantice la distancia interpersonal", así como en los transportes, "en condiciones económicas no abusivas". El incumplimiento de está medida será sancionado con multas de hasta 100 euros y serán las comunidades autónomas y las entidades locales a las que les corresponderá las funciones de "vigilancia, inspección y control".

El real decreto incorpora las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud.

Medidas en el trabajo

También se contempla la adopción de "medidas de prevención e higiene en el entorno de trabajo", tales como la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones, así como en los establecimientos comerciales, en los centros residenciales de carácter social o en las actividades de hostelería y restauración.

Test de diagnóstico

El decreto fija también que los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, "se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma".

Las CCAA deberán en este sentido "velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad", su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

Residencias

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de "planes de contingencia orientados a la identificación precoz" de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos.

Trazabilidad de contactos

Los establecimientos, medios de transporte o cualquier otro lugar, centro o entidad pública o privada en los que las autoridades sanitarias identifiquen la necesidad de realizar trazabilidad de contactos, tendrán la obligación también de "facilitar a las autoridades sanitarias la información de la que dispongan relativa a la identificación y datos de contacto de las personas potencialmente afectadas".

Movilidad entre territorios, en manos de las CCAA

La autoridad competente delegada para la adopción, supresión, modulación y ejecución de medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada "serán las autonomías, salvo para las medidas vinculadas a la libertad de circulación que excedan el ámbito de la unidad territorial determinada para cada comunidad".

Serán también las comunidades las que puedan decidir, "con arreglo a criterios sanitarios y epidemiológicos", la superación de la fase 3 en las diferentes provincias, islas o unidades territoriales de su comunidad.

Controles en puertos y aeropuertos

El real decreto recoge también una serie de previsiones sobre los controles sanitarios y operativos en aeropuertos gestionados por Aena, y en puertos de interés general.

Como gestora de la red de aeropuertos de interés general, Aena pondrá a disposición de Sanidad Exterior los recursos humanos, sanitarios y de apoyo necesarios con el fin de "garantizar el control sanitario de la entrada de pasajeros de vuelos internacionales", cuestión que se particularizará a través del correspondiente convenio de colaboración con Sanidad Exterior.

Por otra parte, añade las disposiciones necesarias para que los operadores de transporte "puedan ir adaptando la oferta de transporte a la evolución de la recuperación de la demanda", con objeto de asegurar una adecuada prestación del servicio, teniendo en cuenta siempre "la atención a las medidas sanitarias que puedan acordarse" para evitar el riesgo de contagio del covid-19.

Así, establece la obligación de que los operadores de transporte terrestre, cuyos servicios con asientos preasignados discurran por más de una provincia, "conserven la información de contacto de los pasajeros durante un mínimo de cuatro semanas" y su puesta a disposición cuando se requiera por las autoridades de salud pública, con la finalidad de realizar la trazabilidad de los contactos en caso de que fuera necesario. Esta obligación se extiende también a los operadores de transporte aéreo.