- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado por segunda vez los peajes para transportes de mercancías por carretera establecidos por Gipuzkoa al paso de las carreteras N-I y A-15 por su territorio, según informó ayer la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer).

Según precisa este colectivo en una nota, el TSJPV ha adoptado esta decisión en una sentencia en la que “reproduce” los mismos argumentos recogidos en la primera oportunidad (en abril de 2018), al entender que el régimen de peajes establecido en Gipuzkoa “produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito” respecto del tráfico interior y “vulnera el principio de no discriminación” marcado por Europa.

La normativa ahora anulada introdujo una serie de cambios en el diseño general inicial para hacer frente a la interpretación que llevó al TSJPV a tumbar la primera norma, que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo y aún pendiente de la decisión de este órgano. A la espera aún de que el TS se pronuncie sobre este asunto, el TSJPV ha anulado nuevamente la segunda norma foral, al entender que se trata de una versión “maquillada” de la primera, según explica Fenadismer.

La Diputación de Gipuzkoa anunció que seguirá cobrando los peajes para camiones instalados en la N-I y la A-15 y que recurrirá en casación la sentencia tras conocer el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, indicó en una nota que la sentencia “no es firme ni plantea medidas cautelares”, por lo que la Diputación “seguirá manteniendo la política de cobro por la que se apostó hace ya dos años, con el aval de las Juntas Generales, con el objetivo de financiar el mantenimiento de este tramo tan transitado de la red viaria guipuzcoana mediante el cobro a los vehículos pesados”.

La responsable foral se mostró muy crítica con el sentido de la sentencia y remarcó que la citada normativa fue “redactada escrupulosamente, siguiendo la directiva europea que ordena el pago por uso en los ejes transeuropeos y tras obtener los avales pertinentes por parte de la Comisión Europea”.