- El Gobierno va a poder acceder a los datos de actividad de más de 40 millones de teléfonos móviles, que le aportarán las principales operadoras, en un estudio de movilidad anónimo para conocer los desplazamientos de población entre territorios y ayudar a tomar decisiones en la lucha contra el coronavirus hasta que se restablezca la normalidad.

Así lo confirmó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que ha impulsado, con el Instituto Nacional de Estadística (INE), este estudio, denominado DataCOVID, que cuenta con un primer piloto en la Comunidad Valenciana.

"El objetivo es analizar el efecto de las medidas de distanciamiento tomadas sobre la movilidad de la población, identificando si aumentan o disminuyen los desplazamientos entre territorios o si hay zonas con una mayor concentración de población en relación a su capacidad hospitalaria, para contribuir a una mejor toma de decisiones en la gestión de la emergencia sanitaria", explica.

DataCOVID utiliza las posibilidades del Big Data para analizar grandes cantidades de información y extraer conclusiones útiles, "ganando en eficiencia para una toma de decisiones basada en la evidencia, más coordinada y adaptada a cada territorio".

El estudio cubrirá todo el territorio nacional, dividiendo España en unas 3.200 áreas de movilidad, que identifican agrupaciones de población de entre 5.000 y 50.000 habitantes. Los datos de posición analizados permitirán tener una muestra más de 40 millones de teléfonos móviles en toda España. El responsable del tratamiento de estos datos será el INE.

Las tres principales operadores de telecomunicaciones del país, Telefónica, Orange y Vodafone, ya confirmaron su participación en el piloto en Valencia, tras lo cual ya se han comenzado a recopilar los datos agregados y anonimizados aportados.

El Gobierno incide en que el estudio "no rastrea movimientos individuales", sino que emplea datos de posicionamiento de los dispositivos móviles, anónimos y agregados, proporcionados directamente por los operadores y eliminando cualquier información personal, sin identificar ni realizar seguimientos de números de teléfono o titulares de forma individual.

Así, asegura que este estudio no entra en conflicto con las leyes de protección de datos y recuerda que la normativa sanitaria ampara a las autoridades a "usar datos con fines de investigación en situaciones excepcionales y de gravedad para la salud pública como la actual".

Con este proyecto España sigue la senda de China, Corea del Sur, Italia, Alemania o Austria, que han puesto en marcha iniciativas para analizar movimientos de población a partir de datos de móviles. Eso sí, poco tiene que ver con proyectos como el del Gobierno israelí, que espía a los usuarios a través de una app que recopila datos de localización y los compara con los de la gente infectada para advertir de si hay contagiados cerca, algo que causó polémica en ese país por vulnerar el derecho a la privacidad de la ciudadanía.