Bilbao - El Gobierno vasco va a constituir un fondo de 300 millones de euros para contrarrestar en la medida de lo posible los efectos del coranavirus en distintas áreas como sanidad, educación y economía. Así lo hizo público ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, en una comparecencia donde demandó "un compromiso institucional, político, profesional y cívico", ante la que la OMS ya ha declarado oficialmente como pandemia.

Ayer todos los miembros del Gobierno vasco mantuvieron una reunión donde se analizó en detalle las medidas que están tomando la Comisión Europea y el Gobierno del Estado. También se examinaron las reuniones internas en el seno del propio ejecutivo y los contactos mantenidos con los agentes económicos y sociales de Euskadi.

En el encuentro se decidió la creación de ese fondo de 300 millones de euros que será complementario a las medidas adoptadas a nivel europeo y del Estado. Según indicó el lehendakari, el dinero se va a usar para reforzar los sistemas sanitario y educativo; además de apoyar a las familias, las empresas y el empleo. "El conjunto de estas medidas, complementarias y de carácter excepcional, se plantearán en el consejo de gobierno del próximo martes con el objetivo de ofrecer la mejor respuesta ante la situación creada por el coronavirus", indicó Urkullu.

En su intervención, el lehendakari demandó un compromiso a todos los niveles tanto institucional como político, profesional y cívico. "Nuestra actuación debe ser ejemplar. Debemos cumplir estrictamente las recomendaciones de las autoridades sanitarias en todo momento", aseguró

Urkullu incidió en sacar la crisis de salud publica actual del marco político y solicitó a todas las formaciones que no especulen ni debatan en público por este tema de salud pública.

En este escenario de convulsión, su ejecutivo está estudiando con toda seriedad las circunstancias que pudieren afectar a la convocatoria electoral del próximo cinco de abril al Parlamento vasco.

De todas formas la decisión de su aplazamiento reconoció que depende de la Junta Electoral Central y este organismo es el que tendrá la última palabra. "Es una decisión a tomar en base a criterios técnicos y profesionales, tomando en cuenta la legislación en la que haya de ampararse" especificó.