BILBAO. Un juzgado de instrucción ha abierto diligencias previas contra Verter Recycling 2000, empresa propietaria del vertedero de Zaldibar en el que se produjo un derrumbe el pasado jueves, por un posible delito ambiental y otro laboral, según ha anunciado el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, quien ha denunciado, además, que la gestión de este incidente por parte de dicha compañía está resultando "francamente mejorable".

Erkoreka, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha afirmado que "lo más probable" es que el Ejecutivo se persone en el procedimiento judicial iniciado contra la compañía, al ser "parte interesada" en el mismo.

El portavoz del Gobierno ha explicado que, con independencia de que se determine o no que la empresa haya podido incurrir en un delito, el Ejecutivo podría reclamarle responsabilidades en vía administrativa.

Erkoreka se ha mostrado muy crítico con la forma en la que Verter Recycling 2000 está actuando tras el derrumbe que se produjo el pasado jueves en el vertedero de Zaldibar.

"ABSOLUTAMENTE INSATISFACTORIA"

De hecho, ha afirmado que la respuesta de la compañía está resultado "francamente mejorable" tanto en el ámbito de la inspección laboral, en el que está actuando de forma "absolutamente insatisfactoria", como en el de la inspección medioambiental.

El portavoz del Ejecutivo ha lamentado que la empresa no haya aportado al Gobierno información que, "necesariamente", debe poner en manos del Ejecutivo respecto a la situación y trayectoria del vertedero.

Por otra parte, se ha referido al requerimiento que, en aplicación de la legislación ambiental, ha trasladado el Gobierno vasco a la compañía, en el que le reclama un plan de actuación en el que se identifiquen los daños ocasionados con el derrumbe del vertedero y se reponga el mismo a la situación previa al corrimiento de materiales.

Además, en dicho requerimiento se insta a la empresa a concretar el alcance del derrumbe, según ha recordado Erkoreka, y se le reclama que presente "con la máxima celeridad" el plan de vigilancia ambiental correspondiente al año pasado, trámite para el que, en un principio, tiene de plazo hasta el 31 de marzo.

COMPARECENCIA DE URKULLU

En el caso de que la empresa no atienda a este requerimiento, Erkoreka ha explicado que se activaría la vía de la "ejecución forzosa", por la cual, el Gobierno podría asumir las labores necesarias para reconducir la situación en el vertedero, de forma "subsidiaria" y repercutiendo posteriormente los gastos a la empresa propietaria del mismo.

Por otra parte, Erkoreka ha explicado que será el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, quien decida si comparece -tal y como ha solicitado EH Bildu- ante la Diputación Permanente del Parlamento Vasco para informar sobre lo sucedido en Zaldibar.