el 14 de junio de 2019 Ana Lucía Silva, de 49 años, fue asesinada en Córdoba por su pareja -en libertad condicional por matar a su anterior compañera-. Fue la víctima número 1.000 de la violencia machista en España. Un asesinato que evidenció, más si cabe, la necesidad de reforzar la lucha contra esta violencia. Le arrebataron la vida en junio y, seis meses después, otras 33 mujeres forman parte de esa terrible lista, que no parece suficiente para frenar a los negacionistas. 1.033 mujeres asesinadas desde 2003 y 34 niños desde 2013, 278 huérfanos y más de medio millón de mujeres registradas como víctimas de violencia machista por el Ministerio del Interior.
Solo este año han sido asesinadas 55 mujeres y tres niños, otros 46 han quedado huérfanos. Se han presentado más de 80.000 denuncias por violencia de género en el primer semestre, según datos del Consejo General del Poder Judicial y, de los juicios celebrados, el 70% es condenatorio.
Con estas cifras y por contradictorio que parezca, 2019 no se recordará solo por ser el año en el que se superaron las mil asesinadas por la violencia machista sino también por ser aquel en el que la ofensiva negacionista de Vox dinamitó el histórico consenso político que había en torno a la necesidad de luchar contra ella.
El 14 de junio, el asesinato de Ana Lucía constató la velocidad a la que crece una lista que comenzó a elaborarse en 2003, dieciséis años atrás. Yaneth, de 28 años, arrojada por su novio desde un segundo piso en la localidad malagueña de Fuengirola el 7 de enero de 2003 es la primera de una lista que parece no tener fin. En realidad es una lista mucho más extensa, que componen miles de mujeres que no constan porque sus asesinatos se cometieron en una época en la que la violencia sobre ellas estaba normalizada y permanecía oculta, en la que vivían supeditadas a sus parejas, en la que eran consideradas algo inferior y de su propiedad.
ANA ORANTES Una de ellas es Ana Orantes. Asesinada tras cuarenta años de palizas y violaciones. Un día no pudo más y contó su historia ante las cámaras. Trece días después su marido le dio una paliza, la ató a una silla y la quemó viva delante de uno de sus once hijos.
Ana Orantes fue la voz de las miles de mujeres que no se atrevían a alzar la suya para denunciar los malos tratos. Su testimonio tuvo un impacto decisivo, revolvió la conciencia de la sociedad española y puso nombre a la violencia de género. Fue en 1997. Aún hoy, veintidós años después, en España cada semana una mujer es asesinada por su pareja o expareja.
La sociedad española fue consciente entonces de la necesidad de luchar de forma específica contra la violencia de género y se dieron los primeros pasos de una legislación que es pionera en todo el mundo.
Así, en 1998, se aprobó el I Plan de Acción contra la Violencia Doméstica; en 2004 la Ley Integral contra la violencia de género , aprobada con el apoyo de todos los grupo políticos; en 2007 la Ley de Igualdad y, en 2017, el Pacto de Estado de Violencia de Género. Un Pacto aprobado por consenso pero del que, dos años después, a punto de acabar 2019, tres de cada cuatro medidas no han podido aplicarse por el bloqueo político.
No obstante, y frente a este parón político y legislativo, los tribunales han seguido avanzando y han sido varias las sentencias en las que el Tribunal Supremo incluyó la perspectiva del género. En esta línea, el alto tribunal revocó en julio la sentencia de la Audiencia de Navarra y elevó la pena de La Manada de 9 a 15 años de cárcel por un delito de violación continuada en lugar de abuso sexual.
La inestabilidad política y la interrupción de la actividad parlamentaria vivida en 2019 ha impedido el desarrollo de las reformas legislativas necesarias y la puesta en marcha de la mayoría de las medidas del Pacto de Estado porque muchas de ellas requieren la implicación del Congreso y el Senado.
VOX ROMPE EL CONSENSO El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las instituciones en las que el partido de extrema derecha está presente, incluido el Congreso de los Diputados, fueron incapaces de consensuar un texto de condena de la violencia machista ante la negativa a secundarlo de Vox, con cuyo apoyo gobiernan PP y Ciudadanos en comunidades como Madrid, Andalucía, Castilla y León y Murcia.
Dos días después, el Ayuntamiento de Madrid reprobó al concejal Javier Ortega Smith por "su falta de respeto a las víctimas de la violencia de género" demostrada en el acto conmemorativo del 25-N, donde instó a los demás partidos a "romper de una vez por todas el consenso del silencio negacionista" sobre la criminalización que a su juicio sufren los hombres con la actual legislación.
Una petición que hizo que la presidenta de la Asociación de Mujeres Marroquíes Al Amal, Nadia Otmani, se enfrentase a él con severos reproches, pidiéndole "respeto para las muertas". "Me importa un bledo" fue su respuesta a la reprobación.
El 2 de diciembre, aprovechando la ausencia de Vox en la Diputación Permanente del Senado, el PSOE consiguió sacar adelante con el apoyo del resto de grupos la misma declaración institucional contra la violencia de género que el Congreso no pudo aprobar por el veto de la formación encabezada por Santiago Abascal.
Al día siguiente, jornada de constitución de las Cortes, Vox logró una de las vicepresidencias de la Mesa del Congreso de los Diputados sin que ninguna formación política lo impidiese, lo que hará muy difícil recuperar el consenso parlamentario en la lucha contra la violencia machista.
