- A la derecha le ha venido bien la remodelación en la composición de la Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS), encargada de revisar los indultos del procés concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, en tanto que ha rectificado la decisión que adoptó en enero y, por idéntica exigua minoría (tres votos a dos), ha resuelto mantener vivo el contencioso abierto respecto a la medida de gracia hasta que adopte un pronunciamiento definitivo. Después de que hace cinco meses quedaran desestimados todos los recursos, los particulares y los de las fuerzas políticas (PP, Vox y Ciudadanos), al estimar la falta de legitimación activa alegada por la Abogacía del Estado; el recurso de reposición ha salido adelante en una Sala alterada por la jubilación del entonces presidente Segundo Menéndez, sustituido por el también progresista Octavio Herrero, pero sobre todo por la salida de Ángeles Huet, reemplazada por la conservadora Inés Huerta, ya que ha sido quien ha desequilibrado la balanza.

Esta nueva proporción considera prematuro rechazar la legitimación de los diputados de las formaciones antes mencionadas, así como de quien era delegado del Gobierno en Catalunya durante el procés, Enric Millo, sin entrar a estudiar el fondo de las medidas. La posición ahora minoritaria entiende que solo tienen legitimación para impugnar un indulto las víctimas directas del delito cuya pena se conmuta, lo que impide a los partidos políticos por sí mismos recurrir estas medidas de gracia, ya que de lo contrario se trasladaría al Supremo la confrontación política propia de las Cortes. Los magistrados de la Sección Quinta se excusan en sus deliberaciones afirmando que tienen presente lo difícil que puede ser para la ciudadanía entender que un mismo tribunal determine una cosa y la contraria solo en función de la sensibilidad de los jueces que lo componen, porque resta seguridad jurídica, al imprimir sensación de volatilidad de sus resoluciones. Pero ha primado el criterio mayoritario del momento, como pasó en sentido contrario a primeros de año.

Pere Aragonès denunció ayer que “la Justicia española, en las cuestiones de Catalunya, está altamente politizada”, al avalar además a aquellos “partidos que trabajan para empeorar las cosas”. Desde Moncloa, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, defendió la legalidad de los indultos y su “utilidad” en aras de la convivencia y la recuperación de la normalidad. Algo que aprecia como “incontestable” ya que, a su juicio, la situación de la convivencia en Catalunya no era igual en 2019 que hoy en día. Como ejemplo se apoyó en los datos de la memoria de la Fiscalía donde se recoge que los delitos de odio en dicho territorio bajaron un 62%, gracias a que “se ha retomado la normalidad a través del diálogo”, ejercido para resolver problemas y no para generarlos.

El malestar en el independentismo por este nuevo intento de la Justicia de tensar el conflicto es evidente. El líder de ERC, Oriol Junqueras, censuró que “la represión del Estado español continúa, pero nosotros no pararemos hasta la victoria definitiva”. “Pese a que la represión del Estado es constante y no cesa, no desfallecemos. Seguimos firmes en la defensa de la amnistía, la autodeterminación y la independencia”, manifestó el republicano. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell añadió que “la represión continúa, nuestra lucha también”. “Nada nos detendrá”, advirtió, con una proclama: “Somos luchadoras que no nos cansamos, no desfallecemos y no nos rendimos hasta conseguir nuestro objetivo: la libertad de Catalunya”. El exconseller y vicepresidente de Junts, Jordi Turull, aseveró igualmente que “siguen siendo más fuertes nuestras convicciones y compromiso que sus injusticias”.

De paso, Aragonès avisó a Sánchez de que “desde los indultos apenas han existido avances”. La salida definitiva al conflicto “no está yendo como querríamos y los resultados no son los que esperamos”, dijo el president, para quien el escándalo del espionaje masivo al independentismo “no ha hecho más que acentuar la desconfianza”. Por ello, emplazó al Gobierno a que “se mueva y que demuestre que quiere resolver el conflicto”. l

ERC, Junts, PSC y En Comú Podem sellaron un nuevo acuerdo para blindar el catalán en las aulas que permite reflotar el frustrado consenso alcanzado el pasado 24 de marzo para la reforma de la ley de Política Lingüística, del que se desmarcaron los posconvergentes pocas horas después. El nuevo acuerdo fija el catalán como lengua vehicular y por tanto eje central de la enseñanza en la escuela y que el castellano sea lengua “curricular”. Resta por comprobar si este consenso permitirá detener los pronunciamientos judiciales que se vienen sucediendo en materia lingüística, el último de ellos el que obliga a impartir un 25% de castellano. El pacto aglutina al 80% de los diputados del Parlament de Catalunya, que convalidarán la nueva norma en el pleno de esta semana, antes de que se agote el plazo de 15 días que dio el TSJC para cumplir con ese porcentaje en las aulas.