- El Parlamento Vasco volvió a abordar ayer el pasado de dolor sufrido en Euskadi a instancias de un PP+C’s que quiso retratar a los diferentes grupos tomando como enganche los asesinatos cometidos por ETA cuya autoría aún no ha sido esclarecida en los juzgados. La iniciativa llegaba después de que la Eurocámara alumbrara hace un mes un informe en el que recomendaba a las “instituciones competentes” del Estado español responder a “la obligación colectiva de buscar la verdad detrás cada uno de los atentados sin resolver”, que este informe traduce en lo que se refiere a ETA en 379 asesinatos. “Las víctimas han de estar en el centro de las políticas de las instituciones nacionales, europeas e internacionales”, afirmó como ponente el popular Carmelo Barrio. Y los grupos se posicionaron al respecto.
El resultado fue un pronunciamiento claro de la Cámara vasca que tomó cuerpo gracias a una iniciativa pactada entre PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU que contó también en lo fundamental con el apoyo de PP+C’s y Vox, pero del que se desmarcó EH Bildu.
A través de la enmienda pactada, el Parlamento Vasco manifiesta su “máximo reconocimiento” a las víctimas de terrorismo y de las que hayan sufrido toda violencia de motivación política, y defiende su derecho a la memoria, a la verdad, a la justicia, la reparación, al tiempo que apoya trabajar tanto para garantizar que no se vean revictimizadas como para que estas tristes historias nunca se repitan.
Asimismo, la Cámara valora todos “los esfuerzos que se realizan desde distintas instituciones por garantizar el efectivo cumplimiento” de estas garantías de no revictimación y no repetición. E insta al Gobierno vasco a que siga impulsando iniciativas que contribuyan a “hacer efectivo el derecho a la verdad que asiste a todas las víctimas, y en particular a las de atentados sin esclarecer”.
Estos son los cuatro puntos que contaron con el apoyo de PP+C’s y Vox. Sin embargo, el Parlamento no quiso dejar pasar la ocasión de enviar un mensaje, si no un reproche, a la Eurocámara.
El texto aprobado ayer asegura que los firmantes aprecian “el interés mostrado por la Comisión” del Parlamento Europeo. Pero también lamenta que dicha comisión “no tuviese a bien contrastar sus trabajos con las instituciones vascas con el ánimo de conocer de primera mano las políticas públicas que estas vienen implementando desde hace años”, si bien en última instancia esto no evita que traslade al Parlamento europeo su disposición “al trabajo en común en defensa de los derechos de las víctimas”.
Iñigo Iturrate verbalizó este lamento en nombre del PNV. En medio de la crítica generalizada por el carácter “partidista” de la comisión -que se acompañó en su visita al Estado de eurodiputados como Dolors Montserrat (PP), Maite Pagazaurtundúa (C’s) y Jorge Buxadé (Vox)-, reprochó que no se tuviera “el más mínimo interés” por conocer cómo se trabaja en este ámbito desde Euskadi y denunció que sus miembros se negaran “de forma consciente a reunirse con el Gobierno y el Parlamento Vasco” a pesar de los “reiterados” ofrecimientos cursados.
Desde el PSE, Miren Gallástegui recordó al PP que no se pueden aplicar las leyes al gusto, lo que le llevó a lamentar que se siga usando “el dolor y el sufrimiento de las víctimas para hacer proselitismo político”.
Iñigo Martínez también coincidió desde Elkarrekin Podemos-IU en atribuir la iniciativa de la Eurocámara a una “campaña política”, y subrayó la necesidad de mostrar el “máximo reconocimiento a todas las víctimas”, sin “categorías”.
Pero sin duda la formación más crítica con esta iniciativa es la que rechazó sumarse a este acuerdo, EH Bildu, para quien estas cuestiones solo responden a la intención del PP de establecer un “nuevo relato” sobre el dolor sufrido en Euskadi.
Según afirmó Julen Arzuaga, parece como si los populares estuvieran “en un mundo al revés”. Los poderes del Estado “hicieron todo lo que estuvo en sus manos, incluida la tortura y el terrorismo de Estado, para combatir a ETA”. “Se hizo todo lo legal, lo alegal y lo ilegal”, afirmó rotundo Arzuaga, antes de subrayar en su rechazo a lo planteado que las cifras de víctimas del Estado cuyas vulneraciones de derecho no han sido esclarecidas en vía judicial “duplican” a las de ETA. l
