- El Catalangate y la posterior revelación del espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y varios de sus ministros ha dejado las aguas muy revueltas en la política estatal y en algunos momentos ha llegado a poner la legislatura en la cuerda floja. Pero a esa cuerda, que flaquea pero todavía resiste, sigue agarrado un Sánchez que se ha propuesto resistir a toda costa para agotar su mandato o, al menos, no verse obligado a convocar elecciones a lo largo de este año en el que tiene todos los elementos en contra de cara a una llamada a las urnas.

Pasada una semana clave para la supervivencia del Gobierno español y que se ha saldado con el cese de la directora del CNI -cese y no “sustitución”, a pesar de los esfuerzos socialistas por maquillar el relevo-, todo apunta a que el presidente del Ejecutivo ha vuelto a salvar una bola de partido y ha conseguido ganar tiempo templando los ánimos de ERC y evitando tener que entregar la cabeza de Margarita Robles.

En resumen, las alianzas de Moncloa con sus socios habituales y, sobre todo, la relación con Esquerra salen claramente tocadas de la crisis del espionaje, pero la legislatura sigue adelante, en buena parte gracias a los de Oriol Junqueras, que han optado por no quemar los puentes y rebajar el tono una vez se hizo oficial el cese de Paz Esteban el pasado martes.

En cualquier caso, los equilibrios van a ser muy complicados para Sánchez y su gabinete a partir de ahora, lo que se reflejará en las votaciones clave en el Congreso de los Diputados que, como ya ha ocurrió con la reforma laboral y con el plan de choque por la guerra en Ucrania, pueden llegar a ser agónicas y hacer tambalear la legislatura.

Por tanto, el Gobierno de coalición, si quiere garantizarse su continuidad al menos por este año, está obligado a cuidar ahora la relación tanto con los grupos vascos -el PNV recuerda constantemente a Sánchez los compromisos incumplidos en el acuerdo de investidura, en los pactos presupuestarios, y en lo relativo a las transferencias pendientes- como con los catalanes, mayormente con ERC, que a pesar de haber rebajado el tono tras el cambio en el CNI, no promete en ningún caso apoyo incondicional al Ejecutivo en lo que resta de legislatura, y le traslada que no cuente de partida con su voto en la Cámara Baja.

Aunque Sánchez pueda salvar en el hemiciclo sus principales iniciativas y proyectos de ley de aquí al otoño, las alianzas y los acuerdos parlamentarios se prevén todavía más difíciles según se vaya agotando la legislatura -la convocatoria ordinaria de las generales está fijada para finales de 2023, pero también hay municipales en primavera- y los grupos vayan marcando perfil propio de cara a la competición electoral. Ahí también puede influir la pugna ERC-Junts en Catalunya, que obligaría a los republicanos a reforzar su discurso independentista y distanciarse del Gobierno español.

Pase lo que pase en los próximos meses, es potestad del presidente socialista fijar la fecha para unas elecciones generales que, si de Sánchez depende, no serán a lo largo de 2022 debido a la pujanza de una derecha que, según reflejan las encuestas, se ha reforzado con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo.

Pero Feijóo sigue siendo una incógnita y es que, a pesar de haber sido bien recibido por su tono más comedido que el de Pablo Casado, no termina de desvelar si su estrategia pasa por abrirse a pactos puntuales con el PSOE -como se ha vislumbrado en la votación de la Ley de Seguridad Nacional-, o si mantiene la senda de acuerdos con la extrema derecha dando así alas a la amenaza de Vox, que puede volver a materializarse con fuerza el mes que viene en Andalucía. l

lll Caos en la izquierda. Más allá de la relación del gabinete Sánchez con sus socios nacionalistas e independentistas, a nivel interno los choques y los precarios equilibrios siguen estando en un Gobierno de coalición en el que Unidas Podemos actúa en ocasiones como si fuera parte de la oposición. Aunque estos desmarques de UP son ya cosa del día a día en Moncloa, pueden complicarse más en las próximas semanas debido a las pugnas desatadas entre los morados y sus socios de Izquierda Unida, que amenazan con desestabilizar no solo al espacio a la izquierda del PSOE -como se ha visto en Andalucía-, sino también al propio Gobierno de coalición.