- Los ecos de la tumultuosa aprobación de la reforma laboral en el Congreso, que salió adelante en el tiempo de descuento y de penalti tras el incumplimiento de la disciplina de voto de dos diputados de UPN y el error de un representante del PP, vuelven a resonar con fuerza ante la votación hoy del decreto ley con el plan económico de respuesta a la crisis por la guerra en Ucrania. Lo que se suponía iba a ser un mero trámite para el Gobierno español se ha puesto cuesta arriba por el escándalo del caso de las escuchas a políticos independentistas, lo que ha incendiado los escaños de la mayoría de la investidura.

En este contexto, el Gobierno de Sánchez aceptó finalmente tramitar como proyecto de ley, tal como pedían el PP y otros partidos, el decreto con las medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que se debatirá este jueves en el Congreso. Fuentes del Ejecutivo informaron de la decisión de aceptar esa tramitación como proyecto de ley para permitir las aportaciones de los grupos parlamentarios.

Ese compromiso puede allanar que el plan consiga los apoyos necesarios para su convalidación, entre ellos la abstención del PP que había puesto esa condición, entre otras, “a cambio de facilitar la aprobación del decreto”.

La marcha atrás de Sánchez viene dado el grado de beligerancia de los grupos catalanes y de EH Bildu tras salir a la luz que más de 60 dirigentes fueron espiados con el programa Pegasus, incluyendo a Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. Ante este escenario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó al PP que se tramitará el plan como proyecto de ley “en la seguridad de que las medidas contempladas en dicho real decreto ley favorecen a la ciudadanía y palian, en gran medida, los efectos de la guerra, apoyando a los colectivos más vulnerables y a los sectores productivos más afectados en esta crisis”.

El Gobierno inició una frenética ronda de contactos con varias formaciones con el objetivo de asegurar los apoyos al decreto ley con el plan económico de respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Aprovechando la sesión de control en el Congreso, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, celebró reuniones con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, el dirigente de C’s Edmundo Bal y el diputado de Compromís, Joan Baldoví, entre otros.

A escasas horas de la votación en el Congreso, han confirmado su apoyo al mismo el PNV (6 diputados), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Nueva Canarias y el PRC, con un voto cada uno. Con los 154 de PSOE y Unidas Podemos (un voto menos por el escaño no repuesto tras la inhabilitación de Alberto Rodríguez, pero contando con el apoyo de Meri Pita, que se ha pasado al Mixto), el Gobierno puede contar con un total de 169 votos, a solo siete de la mayoría absoluta. C’s adelantó que votará en contra si el Gobierno no deja a ERC y EH Bildu fuera de la comisión de secretos oficiales y no revisa su posición con respecto a la energía nuclear.

Buena prueba de que el resultado de la votación no está nada claro es que Pedro Sánchez pospuso el viaje tenía previsto hoy y mañana a Moldavia y Polonia para entrevistarse con sus respectivos primeros ministros y expresarles la solidaridad de España ante la acogida de refugiados. Según fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, esta decisión se ha adoptado tras constatar que el debate en la Cámara Baja y la posterior votación podrían prolongarse más de lo inicialmente previsto, ya que Sánchez quiere estar presente en toda la sesión.

Fuentes del Gobierno español insistieron en su deseo de que no se mezcle el debate sobre el supuesto espionaje, que propició ayer una dura sesión en el Congreso, con la votación del decreto del plan de medidas, ya que a su juicio los que pueden salir perjudicados son los ciudadanos.

Tras la reunión ayer del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, este lamentó que el socialista se mostró “más preocupado” con el sentido del voto de su grupo que “de las cloacas del Estado que no dejan de espiar”.

El decreto anticrisis incluye medidas cuantificadas en unos 16.000 millones de euros como el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina y la desvinculación del IPC de la renovación anual de los contratos del alquiler, así como propuestas sociales, energéticas, ayudas al campo, la cultura o las acordadas con el sector del transporte.

Han adelantado su apoyo el PNV (6 diputados), el PDeCAT (4), Más País-Equo (2), Compromís, Nueva Canarias y el PRC, con un voto cada uno. Con los 154 de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno de coalición puede contar con un total de 169 votos, a solo siete de la mayoría absoluta.