- Insuficiente, al menos por ahora. El primer acercamiento del Gobierno español al Govern catalán para solucionar la crisis del espionaje se ha recibido con decepción y recelos por parte de los soberanistas, aunque todo dependerá de cómo evolucione en las próximas horas la investigación interna en el Centro Nacional de Inteligencia que promete La Moncloa, el desbloqueo de la comisión de los fondos reservados que parece que quiere forzar, o si comienzan a rodar cabezas como pide ERC.

Una mirada de hielo recibió ayer al ministro Félix Bolaños en Barcelona. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, esperaba concreciones del emisario de Pedro Sánchez para zanjar la crisis del espionaje al soberanismo catalán. Lo invitó a tomar asiento en una mesa rectangular, con gesto extremadamente serio, sin apenas hacer comentarios. Y prohibió los móviles. Se sentaron cada uno a un extremo de la mesa, separados por cuatro sillas, lo que recordó en términos más modestos a la kilométrica mesa de comedor de Putin y Macron. Era la viva imagen de la desconfianza. Bolaños acudió con la intención de propiciar un acercamiento tras casi una semana de evasivas desde Madrid, lo que ha contribuido a que la situación se encone. Moncloa ha asumido que tiene que reaccionar. Se movió por primera vez ayer, anunciando un control interno en el CNI, un gesto hacia Catalunya. Pero no llegó a explicar lo sucedido ni aclaró de dónde vino el espionaje a más de 60 soberanistas entre 2017 y 2020.

Y, quizás por una cuestión de equilibrios para no enfrentarse a los servicios secretos, la investigación al CNI no se realizará con la supervisión externa que pedía el Govern. Lo que ofreció Bolaños fue la constitución inmediata de la comisión parlamentaria de los gastos reservados, bloqueada hasta la fecha por la negativa del PP a que acuda EH Bildu.

No bastó para recomponer la relación con el Govern, donde además Junts ha ejercido un estrecho marcaje sobre ERC para mantener el listón alto. El propio president Pere Aragonès figura entre los afectados. La consellera de ERC consideró “insuficientes” los anuncios: “La reunión no ha ido bien”. Vilagrà enumeró todas las preguntas que han quedado sin respuesta: “¿Cómo será la investigación? ¿Cuándo se harán públicos los resultados? ¿Quién hizo el espionaje? Estamos seguros de que el Gobierno lo sabe”. El propio Bolaños, en la rueda de prensa, admitió que su intención era proponer soluciones y no tanto explicar lo sucedido, y ahí volvió a escudarse en que la Ley de Secretos Oficiales y la Ley del CNI le impiden hablar. Tampoco anticipó si habrá dimisiones, porque todo dependerá de los resultados de la investigación. Y la cita entre Sánchez y Aragonès sigue en el aire.

La consecuencia en términos políticos es que ERC, socia de investidura de Sánchez y un apoyo clave para la estabilidad de la legislatura, no garantiza su respaldo a futuro “de manera genérica” en el Congreso, es decir, a todas las leyes. Pero, ¿significa eso que dejará caer el decreto que se votará el jueves para afrontar las consecuencias de la guerra en Ucrania? Vilagrà no llegó a tanto, y aclaró que estudiarán caso por caso, aunque anticipó consecuencias graves para la relación.

Bolaños presionó para que mantengan su voto favorable al decreto porque se incluyen medidas valoradas en 16.000 millones, como el aumento del Ingreso Mínimo Vital, y ERC ya había avanzado que no podía estar en contra de los avances sociales. EH Bildu, afectada por el espionaje en el caso de Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu, tampoco tiene pensado vengarse haciendo caer el decreto. Están en el aire la Ley Mordaza o la de Memoria.

El ministro ofreció cuatro medidas: el control interno en el CNI a petición de este mismo organismo, la plena disposición de este centro para colaborar en la investigación de oficio que ha abierto el Defensor del Pueblo, la constitución “de manera inmediata de la comisión de secretos oficiales” para que comparezca la directora del CNI y aporte las conclusiones sobre su investigación, y la plena colaboración del Gobierno con la Justicia, “mostrando disposición a desclasificar documentos”, pero con una importante coletilla: “si es necesario”.

Bolaños no introdujo entre sus propuestas la comisión de investigación en el Congreso que le piden sus socios en bloque, también Unidas Podemos y el PNV, y que daría mayor publicidad a este caso. La comisión de secretos que ofrece no permite difundir lo que allí se discuta. Y, aunque dijo que “entiende y comparte la inquietud” de los espiados y que se deben respetar los derechos de las personas con independencia de su ideología, no llegó a realizar una condena pública de lo sucedido: dijo que el CNI salva vidas a diario y que sus actuaciones son legales y tienen control judicial.

Y la solución se ha pactado con el propio CNI. Será una investigación interna al CNI realizada por los propios servicios secretos, y se ofrece como control la comisión de los gastos reservados para que acuda a ella la directora del centro, Paz Esteban. Bolaños aclaró que deberán estar “todos los partidos sin excepción”, insistió en que ha hablado con los grupos y pareció deslizar que habrá novedades. Se especula con rebajar la mayoría necesaria para elegir a sus miembros y superar el bloqueo que ha ejercido el PP, que se opone a que la izquierda abertzale acceda a información sensible sobre el Estado.

El ministro no dejó de repetir que la intención de su gobierno sigue siendo recuperar los afectos con Catalunya. Consideró que la reunión fue “cordial y sincera” y que el Gobierno español tiene la “ voluntad inequívoca de trabajar para que se esclarezcan los hechos”.

El president Aragonès había dado un ultimátum de una semana para que Sánchez dé explicaciones. El presidente español sigue guardando silencio, y tampoco hay dimisiones, pese al malestar evidente con la ministra Margarita Robles, señalada indirectamente por ellos. Vilagrà consideró que una comisión interna del CNI “no da muchas garantías”, e insistió en que quieren la dimisión de los responsables pero que no saben quiénes son. “No podemos negociar con quien nos espía. Estamos muy lejos”, dijo.

- Junts mantiene una apuesta por la confrontación con el Estado español que se ha dejado sentir también estos días, con una posición más dura a la hora de gestionar las consecuencias del espionaje padecido por los soberanistas catalanes con el programa israelí Pegasus. Tras la reunión que se produjo ayer entre la consellera de ERC Laura Vilagrà y el ministro Félix Bolaños, por la parte de Junts se pronunció uno de los afectados por el espionaje, el expresident Carles Puigdemont. Y resumió las propuestas del Gobierno de Pedro Sánchez como “una tomadura de pelo”. Lo que pide al Estado es que detenga a los culpables, “porque sabe quiénes son”, y que encargue a la Fiscalía una querella por organización criminal.

Bolaños ha anunciado un control interno al Centro Nacional de Inteligencia (sin la auditoría externa que pide el Govern) y poner en marcha la comisión de fondos reservados para que tenga un control parlamentario. En paralelo, el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación, y Sánchez pondrá los secretos oficiales a disposición de la justicia cuando se lo pidan.

“La tomadura de pelo continúa”, ha despachado Puigdemont en Twitter, para añadir que los soberanistas han sido “espiados sin límites, han violado las vidas de decenas de ciudadanos y saben quién lo ha hecho”. “Lo primero que deberían hacer es detener a los responsables, porque saben quiénes son, y encargar a la Fiscalía una querella por organización criminal”, defendió.

La reunión de Vilagrà y Bolaños llegó precedida de las reticencias de Junts, que dejó caer que no casa del todo con que el Govern hubiera acordado suspender las relaciones hasta que se anunciara una investigación. Vilagrà devolvió el dardo a sus socios de Junts tras el encuentro: “Junts quería una investigación; quizás están contentos con las propuestas de Bolaños”. ERC ha sido también muy crítica de las medidas, al considerar que la investigación de los servicios secretos no tiene garantías. Mantuvo la exigencia de dimisiones, pero pidió que se aclare quién es el responsable porque no quieren cabezas de turco. Desde EH Bildu, Jon Iñarritu, afectado por el espionaje, se quejó de que, “mientras se les pregunta quién, por qué, cómo... responden manzanas traigo; no cuela”.

“Queremos trasladar la voluntad inequívoca de trabajar para que se esclarezcan los hechos”

“Se va a llevar a cabo la apertura de un control interno en el CNI a petición del organismo”

Ministro de la Presidencia

“¿Cuándo serán públicos los resultados de la investigación? ¿Quién hizo el espionaje? Seguro que el Gobierno lo sabe”

“Nosotros no podemos negociar con quien nos espía; estamos muy lejos”

Consellera de Presidència