- La Agencia de Reinserción Social del Gobierno Vasco, Aukerak, que echó andar el pasado 1 de enero, fue presentada ayer a los medios por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; y por su director, Carlos Roy. Ambos expusieron que este nuevo organismo, derivado del traspaso el 1 de octubre a Euskadi de la competencia sobre Prisiones, pretende implantar un nuevo modelo penitenciario basado en la reinserción a través de la formación laboral. El objetivo es alcanzar “de forma paulatina y progresiva”, en las próximas legislaturas, los niveles de éxito de los países que ya han implantado estas prácticas, y que se materializan en un porcentaje de reinserción del 40% de los presos y presas, frente al 25% del Estado.

La meta es reeducar para resocializar y reinsertar mediante talleres de formación adaptados al potencial y vocación de cada recluso, y fomentar de forma paralela el cumplimiento de penas en régimen abierto, señaló la consejera en la sede de Aukerak, ubicada en las dependencias del Seminario de Gasteiz.

Por ello, se ha elegido como símbolo de Aukerak una mariposa, que representa “la metamorfosis y el cambio” y hace referencia, por el aleteo de las alas, al llamado efecto mariposa, “con el que un simple gesto puede ser el inicio de la transformación”, dijo Artolazabal.

Por su parte, Carlos Roy confió en poner en marcha en este ejercicio un Servicio de Orientación y Acompañamiento integral, para lo cual se realizará un perfilado de las personas internas. En lo inmediato, el principal objetivo es “promover el interés de la población reclusa en la formación” y “fomentar el trabajo productivo”.

Además, en 2022 el Gobierno Vasco invertirá seis millones de euros en incrementar las plazas residenciales para que las personas que no dispongan de recursos puedan progresar de grado y cumplir sus penas en régimen abierto.

El equipo de Aukerak cuenta con la experiencia de la plantilla que formaba parte del Ente estatal TPFE. Son 17 personas, 10 en las tres prisiones vascas y el resto en la sede de Aukerak, y según Roy este mismo año se aprobará una RPT para ampliar la plantilla.

Por otra parte, en las cárceles vascas trabajan alrededor de 700 funcionarios que atienden a 1.365 reclusos, tanto en los centros como en tercer grado. Esta plantilla está notablemente envejecida, con una edad media de en torno a 55 años, y por ello se ha cerrado un acuerdo con el sindicato mayoritario, Acaip-UGT, para fijar un margen de dos años en la definición de los puestos del funcionariado de prisiones vasco.

Una de las acciones concretas que Aukerak quiere llevar a cabo es eliminar la prohibición de que los hijos de internos menores y mayores de diez años puedan compartir tiempo y espacio en las visitas a sus padres y madres. La norma “no es positiva y no sabemos cuál es la razón”, dijo Artolazabal, quien destacó, por último, que “nada de todo esto tendría sentido si no se tuviera en cuenta a la víctima”, y por ello “cada acción, cada paso, está encaminado a reparar el daño causado y a velar por las necesidades de la víctima”.

La población reclusa total es en Euskadi de 1.365 personas (1.251 hombres y 114 mujeres) tanto en régimen ordinario como en régimen abierto, y además otras 163 personas están en libertad condicional. Actualmente, 346 personas reclusas son trabajadoras en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma; 223, en talleres productivos propios y 123 en los gestionados en colaboración con empresas externas.

Por otro lado, a día de ayer en Zaballa había 22 presos y 8 funcionarios afectados por el coronavirus, por los 70 reclusos y 5 trabajadores infectados en Martutene, y los dos internos y 6 funcionarios de la prisión de Basauri.

“Sin privilegios”. El Gobierno Vasco apuesta por trasladar a Euskadi a todos los presos de ETA, y estos “tendrán que asumir los códigos” y “se incorporarán a la vida normal como un preso más”, afirmó Beatriz Artolazabal. Así, todas las revisiones de grado responderán a criterios técnicos y científicos, dijo, aunque “la Fiscalía tiene la última palabra”. Artolazabal aseguró que “no va a haber trato preferente, ni privilegios ni excepcionalidades”, y que siempre se tendrá en cuenta a las víctimas “independientemente del delito cometido”. La titular de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, además, abogó por “seguir avanzando la convivencia en este país, y para ello es necesario eliminar la política de dispersión, que en este momento no tiene razón de ser”. En los centros vascos están presas actualmente 84 personas relacionadas con el terrorismo, 61 en régimen ordinario, 9 en libertad condicional y 14 en régimen abierto.