- El posicionamiento de Alberto Garzón sobre el sector cárnico y la ganadería le caído como llovido del cielo al PP, que utilizará esta polémica como ariete para ir recogiendo rédito electoral de cara al ciclo con las urnas que se abre el próximo mes en Castilla y León. El partido de Pablo Casado presentará mociones en comunidades, ayuntamientos y diputaciones de todo el Estado para exigir el cese del ministro de Consumo en “una ofensiva nacional” en defensa de la ganadería y de la industria cárnica. Así lo adelantó Mila Marcos, diputada y portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, tras la polémica abierta por la entrevista en el diario británico The Guardian, en la que Garzón aseveró que las macro-granjas españolas “contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados”, aunque él aclaró que se trata de una traducción incorrecta de sus palabras y de un “bulo” impulsado por ciertas grandes empresas.

El PP se define como un “partido del campo” que siempre ha defendido la agricultura y la ganadería, y pretende que Pedro Sánchez aclare “la falsedad que ha difundido este señor a nivel internacional”, pidiéndole que “si no lo cesa, lo haga dimitir”. Para la diputada popular es “llamativamente triste” que el PP tenga que “defender a los ganaderos de su propio Gobierno”, por lo que reclamó al ministro de Agricultura, Luis Planas, que “dé la cara” como responsable de calidad y de los controles de seguridad alimentaria y explique con “datos oficiales la falsedad de Garzón”.

Una vez reventó la caja de Pandora, con dos responsables socialistas del Ejecutivo de coalición desmarcándose y con varios dirigentes del PSOE cargando contra el ministro; Garzón ratificó sus críticas a la ganadería intensiva y aseguró que sus manifestaciones, que tachó de “impecables”, no fueron “a título personal”, como aseguró la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sino “por supuesto” como titular de Consumo.

El asunto le viene a Casado de perlas en puertas de una cita diseñada para no verse afectado por los casos de corrupción que tendrá que afrontar en Castilla y León solo semanas después de ese 13 de febrero electoral marcado en azul en el calendario del PP. Por ejemplo, el día de los comicios llegará casi un mes antes de que el expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera (PP, 2001-2019) testifique en el caso Perla Negra, sobre los sobrecostes de más de 20 millones de euros en la adquisición de un edificio público en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Además, un juez imputó al PP de Salamanca como persona jurídica, a su presidente, Francisco Javier Iglesias, y a la gerente, María Isabel Sánchez, por supuesta financiación ilegal en las primarias que auparon a Mañueco en 2017 y que le llevaron a la Junta.