La presunta trama de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas fue ideada, supervisada y ejecutada por la formación ‘popular’ utilizando los recursos humanos y económicos del Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy en Moncloa. Esta es la conclusión de la comisión del Congreso que hace nueve meses empezó a investigar la operación ‘Kitchen’, que es a su vez objeto de una causa en la Audiencia Nacional.

El documento aprobado hoy, pese a no hablar de responsabilidades políticas por esta operación, la considera probada. Asegura por ello que, de la comparecencia de 37 personas -diez de ellas procesadas en la AN-, se concluye que “la cúpula directiva del PP ordenó la utilización partidista, delictiva e ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en el poder” de Bárcenas.

De las seis propuestas de conclusiones que se han llevado a la comisión, solo ha logrado mayoría la del PSOE con el apoyo de Unidas Podemos y EH Bildu, después de incluir dos párrafos a propuesta de las formaciones de izquierdas e independentistas para revisar los procedimientos de control de los fondos reservados y de la concesión de condecoraciones en la Policía Nacional. No obstante, esta modificación no ha sido suficiente para que el texto recibiera el respaldo del resto de socios de Sánchez, ERC, PNV y la CUP, que han optado por la abstención. Por su parte PP, Vox y C’s han votado en contra del escrito, que se someterá a la ratificación del Pleno el Congreso con el nuevo curso parlamentario en 2022.

OBSTRUIR LA JUSTICIA

El texto elaborado por el PSOE es contundente en sus conclusiones y enrosca el operativo de espionaje a Bárcenas como una enredadera en la espina dorsal del PP. Asegura que se produjo “con el conocimiento” de la entonces secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, que de hecho “informaba” al presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy. Añade que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, “encargó al secretario de Estado de Seguridad, Fernando Martínez, la puesta en marcha de todo el operativo delictivo” y que su “epicentro” estaba en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía que dirigía Eugenio Pino.

El texto sitúa por tanto el desarrollo de la trama en torno a los tres vértices que forman la sede del PP en Génova, el Ministerio del Interior y la propia DAO. Pero va todavía más lejos y señala que, con el fin de “obstruir” las investigaciones judiciales en marcha y evitar que las pruebas contra el PP llegaran a la Justicia y la Policía Judicial, se utilizaron “ilegalmente fondos reservados y efectivos policiales” en esta trama “de interés particular exclusivo del PP”.

DESCONTROL DEL USO DE LOS FONDOS

Para la comisión de investigación sobre ‘Kitchen’, otra “conclusión evidente” es el “descontrol absoluto en el uso de los fondos” en Interior, así como la “ignorancia y exclusión de cualquier clase de seguimiento de las previsiones legales y de los protocolos establecidos”. Como ejemplo, denuncia la utilización de “catálogos, provisiones de plazas y medios personales de forma arbitraria” por parte de Eugenio Pino, “con la complicidad de otros cargos policiales que ejecutaban estas órdenes ilegales”.

Apunta por tanto a un “despilfarro de dinero público, claramente malversado y detraído de las finalidades legalmente asignadas”. Todo ello, además, “en un momento de crisis donde los efectivos estaban congelados y los recursos materiales escaseaban”. “Con estas actuaciones, no solo se incumplió de manera flagrante la ley y se frustró la recta administración de Justicia, sino que también se provocaron daños de difícil o imposible reparación al crédito y buen nombre de la Policía Nacional en su prestigio”, resaltan las conclusiones aprobadas.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha calificado la comisión de “causa general” contra su partido, y C’s, pese a su voto en contra, ha llamado a acometer reformas legales en materia de lucha contra la corrupción.