ñigo Urkullu y María Chivite han llevado la colaboración entre la comunidad autónoma vasca y Navarra a un nivel inédito. El lehendakari y la presidenta navarra han firmado un protocolo de colaboración general que va, incluso, más allá de las 18 áreas de actuación que firmaron ambos territorios en 2016 y que alcanza ya las 29. “Son casi todos los ámbitos de actuación de un gobierno”, valoraban en privado desde el entorno del lehendakari. Tampoco antes se había convocado un cónclave con semejante despliegue, con seis consejeros por cada una de las partes (aunque el vicelehendakari Erkoreka tuvo que ausentarse por tener el mando de la crisis de las inundaciones).

Para llegar a este punto, se han tenido que vencer durante décadas las resistencias y el relato construido desde la derecha regionalista navarra de UPN, cuyos gobiernos vivieron de espaldas a las instituciones de Euskadi y practicaron una política de aislamiento ante todo lo que sonara a vasco. Esa estrategia se veía acompañada por determinados ámbitos de opinión de Madrid. Sus discursos anteponían su antivasquismo a la necesidad de colaboración entre dos comunidades limítrofes en beneficio de sus ciudadanos. Dos comunidades limítrofes que comparten, además, lazos históricos.

La llegada de Uxue Barkos, de Geroa Bai, a la presidencia navarra, puso fin a esa autarquía ante lo vasco y desbrozó el camino para normalizar las relaciones, aunque no fue sencillo y las presiones mediáticas eran elevadas. Este complicado y largo recorrido ha dado pie a la paradoja de que sea años después y con una presidenta socialista, María Chivite, cuando se ha alcanzado la mayor cota de colaboración.

También paradójicamente, los primeros intentos de normalizar las relaciones con la comunidad autónoma vasca los encarnó Juan Cruz Alli, presidente del Gobierno navarro hasta 1995. Fue miembro de UPN hasta que su independencia de criterio y su apuesta por una política más centrada y de mayor aproximación a lo vasco lo llevaron a salir del partido.

Posteriormente, Alli fue vicepresidente en el gobierno socialista de Javier Otano, y fue entonces cuando se dio el paso más contundente y se estuvo más cerca de institucionalizar estos vínculos con un órgano permanente. La colaboración entre el lehendakari José Antonio Ardanza y Otano cuajó en un proyecto que finalmente fue fallido y no logró despegar, un órgano común permanente en 1996. Ese foro iba a reunir a los presidentes y a tres consejeros al menos dos veces al año. Otano tuvo un mandato fugaz y fue enterrado políticamente tras el oscuro caso de la cuenta descubierta en Suiza a su nombre.

Este órgano hubiera sido un hito y una referencia aún hoy, pero quedó en agua de borrajas. Tuvo muchos enemigos, como Miguel Sanz, de UPN, quien estudió una ofensiva jurídica para boicotearlo con el argumento de que suponía una anexión encubierta a la comunidad autónoma vasca, y que la Constitución solo permite actuar a través de convenios, pero no constituir un órgano superior entre dos comunidades. Con ese discurso, no sorprendió a nadie que, al acceder a la presidencia navarra (1996-2011), Sanz cortara el último cordón umbilical con la comunidad autónoma vasca: abandonó la Eurorregión de Aquitania, la CAV y Navarra. Utilizó como pretexto la ruptura de la tregua de Lizarra y la supuesta tibieza del lehendakari Ibarretxe ante ETA, aunque ya había demostrado años antes que se oponía políticamente a estrechar lazos.

Inédito en su extensión. El acuerdo entre Urkullu y Chivite tiene un alcance inédito porque incluye 29 materias, frente a las 18 que se firmaron en 2016 entre ambos gobiernos. No obstante, en lo político, esta sintonía ya existía con Uxue Barkos, quien marcó el punto de inflexión para recuperar la normalidad tras el aislamiento de UPN. Fue ella quien firmó el protocolo de 2016. El cambio de gobierno con Chivite, socialista, generó cierta incertidumbre, pero no se ha roto esta dinámica de colaboración.