- Carles Puigdemont, a través de su abogado Carles Boye, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo por el que interpela al juez Pablo Llarena sobre si resultaría detenido en caso de retornar al Estado español, después de que el pasado viernes el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) dejara claro que las euroórdenes contra los líderes independentistas se hallan suspendidas, por lo que el vicepresidente de este órgano no consideró pertinente devolver la inmunidad tanto al president en el exilio como a Toni Comín y Clara Ponsatí. El letrado pregunta al magistrado si ya ha dictado las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del procedimiento legal “a todos los efectos” y hace hincapié en si ha comunicado la suspensión a las diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como al Sistema de Información de Schengen ya la Interpol , sobre todo en lo que se refiere a las euroórdenes. Además, reclama que se le entregue una copia de las notificaciones que se envíen a los diferentes cuerpos policiales para saber su contenido.

En el escenario actual, y según apuntaba ayer El Periódico de Catalunya, todo hace sospechar que la policía detendría a Puigdemont si decidiera volver a territorio del Estado de no mediar una contraorden del Supremo, aunque en las unidades de policía judicial no esperan aviso alguno “a corto plazo”. Ninguno de los cuerpos implicados -Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra- han recibido aún indicación alguna de que haya decaído en territorio español ninguna orden de captura para el exjefe del Govern. Las instrucciones recibidas en su día por el Tribunal Supremo como instructor de la causa abierta contra él por su implicación en el estallido del procés continúan vigentes.

Tras hacerse pública la resolución del TGUE, Boye desgranó en un hilo de Twitter que se confirma la tesis de los exiliados: las euroórdenes del juez Llarena no están activas y remarcó en su desarrollo que los eurodiputados pueden seguir disfrutando de la libertad de movimiento por todos los estados miembros de la UE, porque no pueden detenerlos. Por eso “que el auto nos da la razón”, matizó el abogado. Una inmunidad de desplazamiento de la que no hay una tesis concreta en lo que atañe a suelo estatal.

El tribunal europeo rechazó la pretensión de Puigdemont de recobrar la inmunidad al entender que era innecesaria porque su arresto en Cerdeña no le causó un “perjuicio grave e irreparable”, al creer que la justicia italiana y cualquier otra autoridad europea considera paralizada la reclamación española existente contra ellos mientras se resuelve la cuestión prejudicial planteada por el propio Supremo tras el rechazo belga a entregar a Lluís Puig. Pero el fallo del TGUE va más allá y amplía la suspensión de las euroórdenes. De hecho, se recalcaba que el Supremo español no tenía que hacer una resolución al respecto y que estaba al corriente de ello, porque así lo comunicó la Abogacía del Estado en la vista en la que se barajó levantar la inmunidad a petición de los reclamados, pese a que el alto tribunal considera que la consulta a Europa solo se refiere a la reclamación belga, porque obedecía a los motivos por los que la justicia de ese país rechazó entregar al reclamado.

El tribunal europeo ha dejado en fuera de juego a Llarena y al Supremo. Por eso Boye pregunta directamente por “las oportunas instrucciones para hacer efectiva la suspensión del presente procedimiento penal a todos los efectos, especialmente en lo relativo a las distintas órdenes de detención emitidas en esta causa”. Puigdemont y varios de sus exconsellers permanecen en el exilio desde finales de octubre de 2017, antes de que fueran llamados a declarar en la Audiencia Nacional. Fueron declarados en búsqueda y captura varios días más tarde tras no comparecer ante la jueza Carmen Lamela, como sí hicieron otros miembros del Govern.

“¿Se ha comunicado a los fuerzas de Seguridad que las órdenes de detención se hallan suspendidas?”

Abogado de Carles Puigdemont