El Govern retira la acusación contra los activistas acusados de causar lesiones a mossos

Obedece a lo pactado con la CUP cuando no se pudiera identificar a los autores

26.11.2021 | 01:06
Los siete manifestantes independentistas, ayer tras la suspensión del juicio. Foto: Efe

Vitoria– El Govern se retiró como acusación en el juicio que debería haber arrancado ayer en la Audiencia de Barcelona contra siete activistas vinculados al independentismo y acusados de presuntos desórdenes, atentado y lesiones a varios mossos en la protesta por la investidura fallida de Carles Puigdemont el 30 de enero de 2018 en el parque de la Ciutadella. La sesión quedó suspendida ante la petición de los agentes de la Policía catalana afectados de que querían continuar acusando a los imputados y el tribunal les concedió 15 días para que se busquen nuevos abogados y procuradores si desean seguir con el proceso. Este posicionamiento de la Generalitat ratifica la nueva andadura del Ejecutivo de Pere Aragonès tras su acuerdo de investidura con la CUP, con quien se comprometió a proceder así en los casos que afectaran a manifestantes soberanistas siempre que se dieran dos condicionantes: que no se pudieran acreditar las lesiones de los agentes y tampoco identificar a los causantes de esas lesiones.

El abogado de la Generalitat anunció que se retira como acusación particular por orden directa de la conselleria de Interior: "El criterio de nuestra actuación era la existencia de lesiones y en este momento no se puede determinar su autoría". En verdad, las dolencias de los policías sí están fundamentadas: uno sufrió una contusión en la escápula izquierda; otro, una contusión en el hombro derecho; un tercero tuvo contusiones en un hombro, una mano, un muslo y una pierna; un cuarto agente padeció una en los genitales y en un hombro; y un quinto, una cervicalgia postraumática. Los propios letrados de la conselleria solicitaban antes de ser obligados a retirarse de la causa una pena de 2 años de cárcel por atentado y desórdenes públicos. La Fiscalía, que sí mantiene la acusación, solicita una pena de 3 años de prisión para los siete acusados por desórdenes públicos, atentado a la autoridad y delito leve de lesiones.

"Si no se puede identificar a los autores, no se puede acusar a nadie", aduce ahora la Generalitat, pese a que los informes de sus abogados durante la fase de instrucción sí identifican a los acusados, atribuyéndoles acciones concretas. En uno de ellos se reseña lo siguiente: "José Antonio V. se abalanzó contra el agente del cuerpo con número de carnet profesional X y trató de quitarle la defensa personal, aunque no lo consiguió". De ese mismo acusado se relata cómo agarra por la solapa a un cabo y cierra el puño para propiciar un puñetazo a otro agente, que logra esquivar.

Los Mossos no ocultan su malestar y más después de que hace semanas salieran a la calle a exigir "amparo" al Govern y reivindicar que se mantuviera el derecho de ser defendidos por los letrados de la administración en actuaciones en las que pudieran resultar lesionados. Aunque el responsable de Interior, Joan Ignasi Elena, y Pere Aragonès les ofrecieron su apoyo, incrementando además el techo de la plantilla o con la jubilación anticipada, este movimiento ha causado enfado en el cuerpo policial. Tampoco es la primera vez que los letrados de la Generalitat cambian de criterio en un juicio por desórdenes públicos. El último fue contra los denominados nueve de Lledoners, donde Interior ordenó a los abogados retirar la acusación por desórdenes en mitad de la vista. Otro de los casos fue el de Marcel Vivet que fue condenado a 5 años de cárcel. La Generalitat pedía para él una pena de 4 años y 9 meses y acabó recurriendo la sentencia condenatoria porque le pareció desproporcionada.

actas de sanción sin tramitar Por otra parte, el PSC ha iniciado un proceso de revisión de las actas de sanción abiertas por los Mossos sobre manifestaciones acontecidas en 2020 y que se acumularían sin tramitar en el departamento de Interior. Sostienen que una parte importante están relacionadas con el procés, a cuenta de la inhabilitación de Quim Torra.

"Si no se puede identificar a los autores de las protestas, no se puede acusar a nadie"

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