- “A la luz de la anunciada disolución de ETA en abril de 2018 y el abandono de su campaña armada en 2011, hay motivos para que estos presos sean ubicados, en base a una adecuada evaluación de riesgos, más cerca de sus familias”. Así lo afirmó el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa, con motivo de la visita que cursó al Estado en septiembre de 2020. Entonces trasladó una serie de recomendaciones a Moncloa con el fin de acabar con la política de dispersión, lo que ha tenido respuesta en un informe del Ministerio del Interior en el que detalla los avances en política penitenciaria tras la llegada del PSOE al Gobierno en 2018. Aquí se incluye que en tres años se ha pasado de 212 internos en régimen cerrado a solo ocho, y que la cifra de 241 presos se ha reducido a 192 el pasado junio. La última actualización de Etxerat, fechada el pasado 5 de octubre, rebaja el número de presos que cumplen su pena en cárceles españolas a 177.

La voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido desde el principio acabar con el alejamiento de los presos. Tras el fin de ETA consideró “adecuado un cambio en la política penitenciaria respecto a sus miembros” que seguían en prisión. Como consecuencia, y siempre en base a un “principio de individualización científica”, el Ministerio del Interior ha “valorado y adoptado decisiones en materia de clasificación y destino de estas personas que han supuesto un cambio sustancial en su distribución geográfica y régimen de vida”. En definitiva, el final de la política de dispersión que reclamaba el Consejo de Europa, tal y como se desprende del informe de Interior que se hizo público ayer.

Según sus conclusiones, el 25 de junio de 2018, tras la moción de censura por la que Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy en Moncloa, había 241 presos de ETA en las cárceles del Estado, de los que solo 8 estaban en prisiones vascas (3,3%). A fecha del 17 de junio de 2021, ya eran 48 (25%) los reclusos que cumplían su condena en Euskadi, una cifra que desde entonces ha aumentado y ya se sitúa en más de 70 en la actualidad. Por el contrario, si hace tres años había 209 internos a más de 200 kilómetros de Euskadi, ahora son 19.

Otro tanto ocurre con la clasificación de los presos, ya que si en 2018, coincidiendo con la salida del PP del Gobierno español, había en primer grado o régimen cerrado -el más estricto- 212 presos de la banda (88%), el pasado junio solo eran ocho (4,2%). De forma paralela, hace tres años 28 estaban en segundo grado (11,6%) y solo uno en tercer grado o régimen abierto (0,4%), mientras que a mediados de 2021, un total de 170 de reclusos estaban ya en segundo grado, el 88,5%, y 14 presos (7,3%) en régimen abierto.

En su petición, el CPT del Consejo de Europa alegó que los presos de ETA habían sido “generalmente asignados a prisiones muy alejadas del País Vasco”. “En su mayoría, siguen alojados en los módulos de régimen cerrado como presos de primer grado”, advertía, por lo que llamaba a cambiar esta situación.

Número de reclusos. Según el Ministerio del Interior, el pasado junio cumplían condena en cárceles españolas 192 presos de ETA, de ellos 166 hombres y 26 mujeres. La red de apoyo a los presos, Etxerat, reducía el mes pasado esa cifra a 177 presos.

Clasificación. En 2018 había en primer grado 212 presos, 28 estaban en segundo grado y solo uno en tercer grado o régimen abierto. El pasado junio, solo ocho cumplían el régimen cerrado, frente a 170 en segundo grado y 14 en régimen abierto.

Acercamiento. En 2018 había 241 presos de ETA en España, de los que 8 estaban en prisiones vascas. El pasado junio eran 48 en Euskadi y ya son más de 70.

Distribución. Las dos comunidades que más internos albergaban en junio eran Euskadi y Castilla y León, con 48 y 44, respectivamente. A continuación se situaba Cantabria (24 presos), La Rioja (24), Aragón (18), Nafarroa y Asturias (10 en cada una de ellas), Andalucía (6) y Madrid (8).

Recomendación. La delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó en septiembre de 2020 las prisiones de Brieva (Ávila), Castellón II, Soto del Real y Estremera (Madrid), Sevilla II, Picassent (Valencia), así como los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla. Su objetivo fue examinar el trato y las condiciones de arresto dispensadas a todos los detenidos en comisarías y prisiones, no solo a los presos de ETA. En su informe sobre la visita, el CPT recomienda a la Policía y la Guardia Civil que “transmitan un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes”.