“La política migratoria europea no responde al derecho internacional”

El director de Oxfam Internacional repasa el actual panorama en cuestiones claves para el desarrollo

04.11.2021 | 00:07

Pamplona – Franc Cortada explica que la Ayuda Oficial al Desarrollo anual alcanza globalmente unos 150.000 millones de euros, "equivalente a los fondos Next Generation para el Estado español para invertir en los próximos años". Así que constata que "el nivel de compromiso de la Comunidad Internacional para atajar de raíz la pobreza extrema y el hambre no ha estado nunca a la altura de la complejidad y profundidad de la cuestión", cuando además "el problema es cómo los Estados ricos estamos siendo claramente extractivos ".

En 2020 subió la pobreza extrema y el hambre en el mundo tras dos décadas de descensos.

–Llevábamos veinte años de reducción continuada de pobreza extrema en el mundo. En un solo año hemos borrado de un plumazo todo ese trabajo, se ha incrementado en prácticamente 100 millones de personas, y ahora estamos en 732 millones de seres humanos en pobreza extrema y 155 millones en situación de seguridad alimentaria; en el último año se ha multiplicado por seis el nivel de hambruna.

¿Tercera dosis de la vacuna o extensión a otros países?

–Estamos hablando de una tercera dosis de refuerzo cuando hay todavía países en el mundo donde el personal sanitario no ha tenido todavía la primera vacuna, países de renta más baja con niveles de vacunación entre el 2 y el 4%. El problema de la inequidad en el acceso a vacunas es obsceno, y llevamos dilatando decisiones como la liberalización de patentes, cuando está en juego el derecho a la salud y a la vida.

En la frontera del Mediterráneo las muertes son constantes.

–Algo terrible, en 2021 llevamos más de mil muertes en el Mediterráneo, hemos doblado el número respecto a 2020. Una de cada 23 personas que intentan cruzar muere ahogada intentando buscar una vida mejor. La política migratoria de la Unión Europea es deshumanizante y no responde a la retórica de los valores europeos, ni a ninguno de los compromisos en términos de derecho internacional, e incentiva que terceros países garanticen que esas personas no crucen a Europa, y que cuando lo hacen asuman la repatriación, devoluciones en caliente y muchísimas cosas que demuestran esa contradicción respecto a esos valores que supuestamente nos distinguen de otros continentes. Lo mismo podríamos hablar de la frontera sur en España y lo que está ocurriendo en Ceuta y Melilla.

La extrema derecha tiene fuerza a partir de marcos frontalmente contrarios a estas reclamaciones.

–Pero es que no lo decimos solo las organizaciones sociales o la izquierda, lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Administración Biden, y multitud de economistas que advierten de unos niveles de desigualdad que tensionan tanto el sistema que hay que corregirlos con muchísima celeridad. Ya no es una agenda progresista, sino un cambio de paradigma en el que nos damos cuenta de su necesidad. Si se nos había olvidado la importancia de toda esa estructura de bienes públicos, la covid ha demostrado la necesidad de Estados fuertes con presupuestos fuertes, que nos permitan tener ese músculo para afrontar choques y corregir situaciones.

¿Qué está pasando entonces en algunos sectores de la sociedad?

–No solo a nivel español, hay un giro hacia la extrema derecha y los populismos y autoritarismos, y un regresión de derechos en muchísimos países, en torno al centenar. Pero los desafíos planetarios exigen acción. El cambio climático, por ejemplo, nos debería interpelar a todos, y exige ambición, determinación y urgencia, porque nos queda una década para contener la temperatura.

Ustedes se han querellado frente al Estado por inacción climática.

–A principios de 2020, porque el plan de reducción de emisiones del Gobierno está por debajo de lo que la misma Unión Europea dice que deberían ser los compromisos. España se ha comprometido a una reducción del 23% frente a ese 55% que plantea la UE. A nosotros nos parece que no es el momento de hacer algo, eso no basta. Lo que hay que hacer es lo suficiente, porque nos jugamos muchísimo, el futuro de nuestros hijos y del planeta. Y desde ahí y desde el cansancio acumulado, no con este Gobierno, sino con el Estado español en los últimos 20 años, y con la Comunidad Internacional. Ya está, los llevamos a juicio, y no hemos sido los únicos, en más de treinta países ya se ha hecho. En el Estado francés los tribunales fallaron a favor de la sociedad civil hace unas semanas, lo mismo en Alemania y antes en Holanda hace unos años. Quedan bastantes pendientes.

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