ERC y la CUP se desmarcan de la reforma del reglamento que blindaría a Laura Borràs

La Mesa del Parlament deja finalmente la iniciativa en manos de los grupos

27.10.2021 | 00:31
Laura Borràs (en el centro de la imagen), presidenta del Parlament de Catalunya, ayer. Foto: Efe

barcelona –Laura Borràs se encuentra imputada y pendiente de juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por un caso de presunta corrupción durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, toda una espada de Damocles sobre la cabeza de la presidenta del Parlament y, por consiguiente de Junts, donde se erige como referente. Y es que el reglamento de la Cámara catalana impone que de abrirse una vista por corrupción contra cualquier diputado, este quedaría apartado de forma automática hasta que se resuelva el proceso penal. En este contexto, los servicios jurídicos de la Cámara abrieron una vía para que eso no suceda merced a una propuesta de reforma del reglamento.

En todo caso, la Mesa del Parlament decidió que corresponde a los grupos parlamentarios recoger la propuesta de reforma y presentarla en comisión si lo consideran, ya que el órgano director de la Cámara cree que no es competente para llevar este asunto a comisión. En concreto, en el informe de los servicios jurídicos se plantea suprimir el artículo 25.4, por el que "una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, se debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata". "Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, hace falta el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados", añade el redactado actual del artículo. Con todo, serán los grupos los que tendrán decidir si hacen suyo el informe de los servicios jurídicos y pedir que se convoque la comisión de reforma del reglamento del Parlament.

junts se queda solaLa modificación de artículos más allá de cambios gramaticales, en cuanto afecten a su sentido jurídico, debe pasar por la comisión a iniciativa de las fuerzas parlamentarias, y se requeriría una mayoría absoluta para sacarla adelante. Borràs se topa no solo con el rechazo de los constitucionalistas; también de En Comú Podem y hasta con el desmarque de ERC y la CUP. Para esta última formación supondría modificar un precepto que ellos mismos impulsaron para ayudar en la lucha contra la corrupción. Pero es que las dos fuerzas independentistas sospechan que Borràs ha buscado utilizar el informe para promover una reforma exprés y creen que las propuestas de los servicios jurídicos de la Cámara exceden sus competencias. "El informe va más allá de cuestiones técnicas y es la comisión del reglamento la que tiene que abrir la ponencia conjunta para elaborar el texto de la reforma del reglamento", opinan, por lo que Junts se quedaría sola. La portavoz de JxCat, Mònica Sales, puso de relieve que el informe de los letrados señala que ese artículo –que en su día votó Junts pel Sí– es "inconstitucional", por lo que pidió al resto de grupos que "no hagan un uso partidista" y "se avengan a hacer posible un reglamento del siglo XXI".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, se mostró favorable a reformar el reglamento para "modernizar el funcionamiento de la Cámara", pero avisó de que el cuestionado artículo 25 fue "consensuado" en 2017 para "garantizar el compromiso de la lucha contra la corrupción" y sigue siendo un "mecanismo necesario". Desde la CUP, Eulàlia Reguant dijo que los letrados "han ido mucho más allá de lo que les corresponde".

"Que no cuenten con nosotros" para una cambio que "está hecho a la carta, en beneficio propio y no de todos los diputados", añadió el portavoz de los comunes, David Cid. "Solo falta que Borràs ponga su foto en la fachada del Parlament al lado del escudo", zanjó. El primero en cargar contra Borràs fue el diputado del PSC en el Congreso, José Zaragoza, quien le reprochó que solo piense en ella. El líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, recordó a Borràs que "esto no es el Consell per la Republica"; y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, pidió su dimisión ya que "no se ajusta al propio listón ético que los partidos separatistas se habían marcado".

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