- Aunque suene a tópico, el Gobierno Vasco vivirá hoy un momento histórico: va a asumir la gestión de las prisiones, recogida en el Estatuto de Gernika pero vetada durante años por los sucesivos gobiernos españoles. La consejería de Beatriz Artolazabal conoce ya al detalle los datos sobre la situación de las cárceles de Basauri, Zaballa y Martutene (que será sustituida por Zubieta), y ha sentado las bases de la gestión. En concreto, el número de funcionarios y personal laboral asciende a 593 (556 son funcionarios, y 37 son laborales; y, por género, 469 son hombres y 124 son mujeres). Sobre la polémica de los traslados, donde los sindicatos han esgrimido cifras de casi el 50% en algunas cárceles, el Ejecutivo puntualiza que hay que esperar a conocer la concreción real de ese concurso, porque puede ser que algún trabajador dé marcha atrás y, además, también podría suceder que lleguen solicitudes de ingreso para trabajar en los centros vascos. Pase lo que pase, en cualquier caso, Artolazabal se compromete a mantener la cobertura, a diseñar una oferta pública de empleo y una bolsa de trabajo para sustituciones perentorias.

En cuanto a la dotación presupuestaria para este año, asciende a más de 17 millones y medio (17.631.227,15 euros). Solo en materia de retribuciones al personal, se consignan más de ocho millones. Casi dos millones se destinan a gastos de funcionamiento, Aukerak, tercer sector, familias y recursos habitacionales. La construcción de centros asciende a cuatro millones.

El equipo de la administración de prisiones lo forman ahora cinco personas como responsables de área, y 28 técnicos y administrativos, seleccionados en bolsas de interinos, comisiones de servicios en funcionarios de carrera, y un caso de designación de personal eventual. La población reclusa la forman 1.387. En Zaballa son 688 en régimen ordinario y 90 en abierto; en Basauri, 141 están en régimen ordinario y 185 en abierto; y en Martutene son 283, de los cuales 184 son preventivos o penados y el resto está en régimen abierto. 80 son mujeres (56 en Araba y 24 en Gipuzkoa). Se prevé un centro de inserción social en Zubieta, y abrir otros en Bizkaia, como alternativas de cumplimiento de pena en tercer grado.