“España no pierde nunca la ocasión de hacer el ridículo”

A su entender, la “decisión” del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su libertad de movimientos por territorio europeo, en su condición de eurodiputado, era “clarísima”. Puigdemont explicó que antes de aterrizar en el aeropuerto de Cerdeña “tenía una noticia de que había carabinieri” y pensó que “esto podía pasar”, en alusión a su detención. Pero “sabemos también cómo puede acabar”, aseveró, confiado en que su caso se resolverá sin una extradición.

Lo cierto es que el Estado español, a través de la Abogacía del Estado, informó al TGUE que la Orden Europea de Detención (OED) contra Puigdemont estaba suspendida cuando en realidad no era así. Otra cosa es que no la pudiera ejecutar. Los servicios jurídicos del Estado realizaron una interpretación de la jurisprudencia europea y consideraron que al presentar el juez del Supremo que le investiga una cuestión prejudicial ante Europa sobre la aplicación de las OED, estas quedaban automáticamente paralizadas. Sin embargo, desde el Tribunal Supremo mantienen que la única persona con potestad para activar o retirar las órdenes de detención es el instructor de la causa, es decir, Pablo Llarena, y que en ningún momento procedió a ello.

Puigdemont poseía inmunidad parlamentaria hasta que el pasado 30 de julio, el TGUE comunicó que se quedaba sin esta potestad, tal y como había acordado previamente el Parlamento Europeo. El tribunal europeo confirmó que le dejaba sin inmunidad a la espera de que Bélgica resolviese su entrega a España. Sin embargo la justicia belga tenía paralizado el proceso de entrega porque Llarena a su vez había acudido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para anticiparse a una posible resolución en contra de la entrega. Lo que pretende el magistrado al plantear una cuestión prejudicial es que Europa le diga a Bélgica cómo debe interpretar las OED y si al ser países europeos se deben ejecutar en el marco de la cooperación internacional.

En medio de todo esto, España está personada en la causa del TGUE para fijar su criterio sobre la inmunidad de Puigdemont. Y lo que trasladó es que no había riesgo de que fuera detenido en virtud de la OED porque al presentar Llarena la cuestión prejudicial ésta quedaba suspendida. La interpretación del Supremo es que la cuestión prejudicial lo que suspende es el proceso de entrega abierto en Bélgica pero que no paraliza una orden de detención si Puigdemont se mueve por otro país. En el escrito dirigido ayer por Llarena a las autoridades judiciales italianas, el juez manifiesta que la euroorden está “actualmente en vigor” y que “el procedimiento judicial del que deriva está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía”. Por su parte, la fiscalía de Bruselas afirmó ayer que la euroorden contra Puigdemont “ha quedado suspendida” en Bélgica.

Una de las cuestiones que se plantean es por qué Italia procedió a la detención de Puigdemont mientras que no ocurrió nunca en Francia. La explicación de fuentes jurídicas es que en el caso de Cerdeña al entrar por el aeropuerto, el sistema de alerta Sirene por una orden de detención activada se encendió y se procedió a su detención. Esto no ocurre si uno se mueve en coche por territorio europeo. El Gobierno de Francia rehusó pronunciarse sobre los motivos por los que el líder de Junts no fue detenido cuando participó en actos políticos en Perpinyà o en su visita a la Asamblea Nacional.

¿Hubo policías españoles? Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, atribuyó el arresto a que “alguien ha sobremotivado a los policías del aeropuerto de Cerdeña”. Es más, aseguró que en ese momento había allí dos agentes de la Policía Nacional. Aunque desconoce si participaron en el operativo, precisó que sí lo hicieron cuando el expresident “fue identificado”. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó la mayor.