- Poner nombre y apellidos a las víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista en Euskadi. Ese es el objetivo de la base de datos pionera que se puede consultar en la página web del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, y que actualmente recoge 21.151 fallecidos, la gran mayoría, 20.135, hombres, frente a 984 mujeres. Otras 32 víctimas están recogidas en la documentación de la época pero no están identificadas.
Este es un proceso vivo que se va actualizando a medida que van avanzando las investigaciones y más ciudadanos toman la iniciativa y aportan información de sus allegados, muertos en la guerra y en los primeros años de la dictadura en Euskadi, entre 1936 y 1945. Cabe recordar que, cuando la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentó junto a la directora de Gogora, Aintzane Ezenarro, esta base de datos el pasado 8 de febrero, la cifra total de víctimas censadas era de 20.970, es decir, desde entonces se han añadido 181 más.
Esta iniciativa de Gogora fue compartida ayer con motivo de la jornada que se celebró en su sede en Bilbao, en colaboración con el Instituto Navarro de la Memoria y con el título Censos de víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista. En su transcurso, además de la CAV y Nafarroa, otras comunidades autónomas como Catalunya, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Galicia y Asturias expusieron sus propias experiencias en relación con la creación de estos listados de víctimas.
En el caso de Euskadi, la base de datos va más allá de una mera relación de nombres e incluye si la muerte fue causada por el bando sublevado, el republicano o se debió a un accidente provocado por la guerra. También se especifica si el fallecido es hombre o mujer, su afiliación política o sindical, la causa de la muerte y su categorización, siempre que proceda, en cuanto a la vulneración de derechos humanos. Aparecen así crímenes de lesa humanidad por asesinato por vía judicial y extrajudicial, por desaparición forzada y por persecución.
Durante la exposición ayer en Gogora de la experiencia vasca, Lourdes Herrasti, doctora en Historia y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, avanzó que ya se está trabajando en la siguiente fase del plan, que se espera fructifique el año que viene: incluir los nombres de las personas que fueron presas en ese periodo, de lo que puso como ejemplo los integrantes del batallón Amaiur, que fueron encarcelados en la prisión provincial de Burgos. Al igual que en el caso de las víctimas mortales, se incluirá a los vascos y no vascos presos en Euskadi, y a los vascos que fueron encarcelados fuera de los límites de la CAV.
Como se aprecia, la iniciativa para crear estos listados ha correspondido hasta ahora a las comunidades autónomas, y no a todas. La elaboración de una base común para todo el Estado es un ambicioso objetivo de la nueva Ley de Memoria Democrática, como pudo exponer el director general de Memoria Democrática, Diego Blázquez, dependiente de la Secretaría de Estado del mismo ámbito, que acudió al acto en Gogora y participó en la mesa redonda Hacia un censo compartido de fallecidos y represaliados.
El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, inauguró la jornada afirmado que “la memoria no debe tener colores ni banderas” porque “la verdad, dignidad, justicia, reconocimiento y principios no son monopolio de nadie” y deberían ser “patrimonio de todos”. Presentó el acto junto al director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Nafarroa, Martín Zabalza, no en vano este evento fue fruto del acuerdo de colaboración en materia de memoria, paz, convivencia y derechos humanos que ambos gobiernos firmaron el pasado junio. Les acompañaron en dicha puesta de largo Aintzane Ezenarro y el jefe de la sección de documentación del Instituto Navarro de la Memoria, César Layana.
Durante su intervención, el viceconsejero se felicitó por el trabajo conjunto de la CAV y Nafarroa que permitió el encuentro, reflejo de “un compromiso real” porque comparten “los principios y valores que inspiran sus políticas de memoria”. También destacó la voluntad de “compartir, cooperar y facilitar la transferencia de conocimiento entre las diferentes comunidades autónomas y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática”. Sobre los censos de víctimas, dijo que contribuyen “a la verdad y a su dignificación, identificándolas, personalizándolas, humanizando sus biografías y documentando las circunstancias de sus muertes”.
Queralt Solé. Doctora en Historia Contemporánea y profesora en la Universidad de Barcelona, explicó la importancia de las redes sociales para escarbar en el pasado, primero con la explosión de Facebook y las generaciones más jóvenes con Twitter.
Lourdes Herrasti. Doctora en Historia y miembro de Aranzadi, enumeró herramientas y procedimientos para elaborar estas bases de datos como el vaciado de los registros civiles, de los archivos eclesiásticos y de los archivos de los cementerios; los listados de traslados a cárceles; bibliografía de Euskadi y de la Guerra Civil; y estudios locales y de personas particulares.
Javier Almazán, hermano de Ángel, fallecido durante una manifestación el 15 de diciembre de 1996, presentó ayer en los juzgados de Plaza de Castilla una querella contra el ministro de Gobernación en 1976, Rodolfo Martín Villa, y contra cuatro policías por supuestos delitos de lesa humanidad y homicidio. Respaldado por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, va dirigida contra el entonces ministro -que ya tiene abierta una causa en Argentina en la que se le responsabiliza de la muerte de 12 personas por disparos de las fuerzas de seguridad- y contra tres agentes y un capitán de la policía armada. “A mi hermano le pegaron una paliza que lo mató, es la conclusión a la que hemos llegado a pesar de todos los obstáculos e impedimentos que nos han puesto”, denuncia Javier. Aquel día, los manifestantes, convocados por el Partido del Trabajo de España, pedían la abstención en el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política. Según su abogada, la policía tenía instrucciones de que fuese reprimida con violencia y Ángel recibió, “como indica la autopsia”, varios golpes por todo el cuerpo, fue “abandonado en un portal” y más tarde llevado a una casa de socorro, donde tras varios días falleció.
“Hay voluntad de compartir conocimiento entre las comunidades y con la Secretaría de Estado de Memoria”
Viceconsejero de Derechos Humanos
