- El roble de Gernika, símbolo del autogobierno, afectado por una plaga que corrompe su tronco. Esa es la metáfora que ha escogido el Gobierno Vasco como portada del libro La erosión silenciosa (Higadura isila), que recoge los informes elaborados por el servicio de letrados y que acreditan cómo el Estado ha vaciado buena parte del autoGobierno Vasco aprobando leyes básicas que entran de lleno en su terreno, o a través de la doctrina del Tribunal Constitucional, con lecturas expansivas a favor de las competencias estatales.
La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, denuncia cómo "la letra del Estatuto de Gernika ha resultado devaluada por una exasperante concepción e interpretación, marcada por una fuerte y continuada pulsión recentralizadora y opuesta al reconocimiento de la diversidad". Las 700 páginas repasan trece áreas como la salud, la asistencia social o el caso palmario de la educación no universitaria, la parte más extensa con unas cien páginas plagadas de conflictos a cuenta de la Lomce del PP, el tiempo de lectura o todo tipo de asuntos. Son catorce si se suma el área de régimen jurídico. Esta lista quiere proyectar que el problema afecta a los vascos en su día a día y no es pura filosofía. Además, carga de razones a la consejería para pedir al Estado una relación bilateral. Garamendi llama al Estado a recuperar la lealtad y el espíritu del Estatuto y cumplir lo pactado e, incluso, plantea una relación "de igual a igual". Se han seleccionado ejemplos accesibles sobre los discapacitados o planes renove de vehículos para hacer pedagogía y que se vea que no es un mero debate de prurito nacionalista sin incidencia en la vida real.
El libro recopila los informes por áreas y realiza un examen prolijo de sentencias, también de otras que afectan a Catalunya o Galicia. Se analizan las áreas del régimen jurídico y, como adelantó este diraio, de función pública (se reflejan los límites que impone el Estado en el sueldo y las tasas de reposición de la plantilla), régimen local, derecho foral privado, agricultura, asistencia social (se detecta un progresivo vaciamiento porque la competencia es exclusiva, pasó a considerarse compartida y, más tarde, fue intervenida por el Estado con la Ley de Dependencia), empleo (gran litigiosidad sobre las ayudas para fomentar la empleabilidad), comercio interior, ordenación territorial y urbanismo, vivienda, protección del medio ambiente, enseñanza no universitaria, sanidad, y acción exterior.
Esta injerencia del Estado la denunció ayer la consejera, en compañía de la directora de Autogobierno, Begoña Pérez de Eulate, en una rueda de prensa en Bilbao. Llamó a recuperar el espíritu de pacto para que nadie pueda actuar de manera unilateral y, más allá de esa apelación, exigió una relación "bilateral" con el Estado que garantice la lealtad entre las partes. A preguntas de los periodistas, reconoció que podrían "recogerse garantías" en un nuevo estatus de autogobierno, aunque matizó que ella se centra desde el Ejecutivo en hacer cumplir el autogobierno reconocido y recuperar el sentido del pacto estatutario. La idea del nuevo estatus sí la desarrolla en el prólogo del libro: plantea un "encaje distinto de Euskadi" y un "sistema de garantías de blindaje y salvaguarda de las competencias vascas en una relación de igual a igual, en una bilateralidad efectiva".
En el libro, propone una vía que ya planteó el lehendakari Urkullu: un Concierto Político, es decir, trasladar con carácter general a las relaciones con el Estado el modelo que ya rige los flujos económicos y financieros entre ambos, el Concierto Económico, donde ninguna de las partes puede imponerse sobre la otra de manera unilateral. Se evitaría así la judicialización. La consejera recuerda que el debate sobre el estatus está depositado en el Parlamento Vasco, y se posiciona a favor de buscar un consenso. Desmiente que este debate suponga "un riesgo para la estabilidad y para la convivencia", y cree que es un "buen momento" para retomarlo. Esgrime la disposición adicional del Estatuto en virtud de la cual la aceptación del actual régimen de autonomía no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia y que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico. Cita, además, "el respeto a la voluntad popular". Estos informes se enviarán al Gobierno español y a otras instituciones de Euskadi y el Estado.
Garamendi denunció ayer que la erosión es silenciosa y se blanquea, porque pasa inadvertida ante la opinión pública y, además, "está revestida de la legalidad que proclama la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". Añadió que el presidente Sánchez se comprometió a poner fin a los conflictos judiciales y no ha sido así. Citó el conflicto positivo de competencia que ella ha tenido que interponer contra el decreto de administración digital del Estado, y recordó que será "firme" y, al mismo tiempo, tenderá la mano al diálogo. Denunció que esta erosión es "perjudicial para el mantenimiento del espíritu del pacto estatutario, lleno de un caudal de ilusiones y de teóricas capacidades de diseñar y de poner en marcha políticas públicas en Euskadi que se han visto truncadas y nos han vaciado por dentro en muchas ocasiones". No ve justo que la interpretación sea centralista en un Estado asimétrico.
Los ejemplos de Garamendi. Garamendi concretó de viva voz varios ejemplos. Citó, por ejemplo, cómo el Estado se agarra a los títulos 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución española, que garantizan la "igualdad de todos los españoles" y la "coordinación de la planificación general de la actividad económica". Con un "uso y abuso" de estas lecturas, en asistencia social el Estado pasó como una apisonadora sobre el decreto vasco de regulación de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, con el apoyo del Tribunal Supremo. Se impuso el decreto estatal. También recordó cómo el Estado se ha parapetado en las gestiones que afectan a varias comunidades autónomas con el respaldo del Tribunal Constitucional (en materia educativa, con un tiempo mínimo diario dedicado a la lectura en el currículo de las etapas educativas). Otra vía viene de la mano del poder de gasto estatal, con inyecciones económicas que imponen determinados objetivos a las comunidades autónomas en materias como la sustitución de vehículos, donde no coinciden los objetivos de la flota que quiere impulsar Euskadi. En este caso, además, se actúa fuera de los cauces del Concierto Económico.
El Estado invoca la planificación de la economía. La agricultura y el comercio se ven muy afectados por la invocación genérica del Estado de este principio. En la agricultura, se menciona cómo, bajo el principio de la ordenación general de la economía, se ha producido un vaciamiento de esta competencia, por ejemplo, sobre denominaciones de origen en viñas y vino. En el comercio, el TC reconoce al Estado la capacidad de intervenir de forma directa en la regulación de la actividad comercial al considerarlo un sector relevante de la actividad económica, como ha sucedido también con la agricultura. Validó el principio de libertad horaria estatal, aunque cada comunidad puede ejercer el desarrollo normativo y de ejecución.
Función pública. Se mencionan las tasas de reposición contenidas en los Presupuestos estatales, o el sueldo máximo de los funcionarios.
Asistencia social. Es una competencia exclusiva según el artículo 10 del Estatuto, pero se denuncia que después ha tenido consideración de competencia compartida y, por último, fue intervenida por la Ley de Dependencia. Se constata una "evidente regresión" por sentencias del TC y por el embrollo que ha causado que el Estado asuma este asunto desde la Seguridad Social.
Empleo. Conflictos frecuentes por las ayudas para promover el empleo (Plan Prepara, o también el plan de garantía juvenil). Litigiosidad también entre el Estado y Catalunya.
Ordenación territorial y urbanismo. Alta incidencia de las normas de suelo del Estado, normativa de ocupación de espacios libres por ascensores, y de las normas sobre puertos y costas.
Vivienda. El TC, en este caso, ha frenado gran parte de las impugnaciones del Estado a normas autonómicas, pero no ha puesto límites a la invocación genérica del Estado de planificación general de la actividad económica, de manera que el debate sigue abierto.Enseñanza no universitaria. Es el capítulo más extenso, con casi cien páginas. Se menciona la Lomce del PP, que recogía cambios en la lengua vehicular y la definición del currículo. En este punto se menciona que no se ha logrado en décadas adoptar una legislación orgánica que aglutine un amplio consenso y que ponga fin a la judicialización sistemática en el Estado autonómico en materia educativa. Se reprocha que el TC ha avalado las posiciones estatales. El tribunal también considera que la cuantía de las becas es susceptible de ser normativa básica.
Sanidad. Sentencias del TC favorables a la cartera ortoprotésica del Estado y al copago farmacéutico.
Los autores y los detalles técnicos. El informe, editado por el Instituto Vasco de Administración Pública, se compone de 680 páginas que tratan catorce áreas (régimen jurídico, función pública, régimen local, derecho foral privado, agricultura, asistencia social, empleo, comercio interior, ordenación territorial y urbanismo, vivienda, protección del medio ambiente, enseñanza no universitaria, sanidad y acción exterior). El análisis lo realizan José Andrés Blasco, Luken Larburu, Javier Moreno y Luis María Rousse, letrados de la consejería, y Zelai Nikolas, letrada del Parlamento Vasco.
"Esto no es algo abstracto, es palpable y perjudica al conjunto de la sociedad vasca"
Consejera de Autogobierno
