La Fiscalía sugiere que se le dé capacidad para recurrir los acercamientos de presos

Los sindicatos de prisiones trasladan sus exigencias a Artolazabal

08.09.2021 | 00:41
Raúl Arza, de UGT, junto a José Ramón López, de Acaip. Foto: Europa Press

Vitoria– La Fiscalía General del Estado comienza a deslizar su deseo de controlar los acercamientos de los presos de ETA y la concesión de grados penitenciarios, una cuestión para la que sugiere una reforma del reglamento y que plantea como un refuerzo del control de legalidad. Lo hace en su Memoria 2020, al constatar cómo han proliferado estos movimientos el año pasado desde el Gobierno español de Pedro Sánchez. "Faltando, pues, un precepto estatutario que otorgue al Ministerio Público legitimación procesal general en la materia, debemos tornar la mirada a la legislación específica para solventar esta carencia", dice, para plantear una reforma del Reglamento Penitenciario "a fin de otorgar expresamente al fiscal la posibilidad de recurrir todos los grados penitenciarios, como refuerzo del control de la legalidad de la actuación administrativa en materia penitenciaria".

La Fiscalía, no obstante, percibe al mismo tiempo una "moderación del discurso y asunción de la legalidad vigente en el ámbito penitenciario". Al margen de este debate, cita como "principal vector de amenaza" a los colectivos que ve próximos a ETA pero con "menos capacidad lesiva": "sabotajes contra infraestructuras ferroviarias, sedes de partidos políticos y oficinas bancarias; convocatorias de manifestaciones y concentraciones con alteraciones del orden público y pintadas".

Falta menos de un mes para que el Gobierno Vasco comience a gestionar las prisiones, tras haber pactado la transferencia con el Ejecutivo español en cumplimiento del Estatuto de Gernika. A medida que se acerca el 1 de octubre, va en aumento el marcaje de los sindicatos a la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Justicia que dirige Beatriz Artolazabal. Su departamento ha mantenido reuniones bilaterales con los sindicatos desde abril, que después pasaron a ser multilaterales. No se puede hablar formalmente de negociación porque la competencia no está asumida, pero sí hay un diálogo y un grupo de trabajo para preparar el trasvase de la plantilla desde la Administración estatal a la vasca. Son unos 700 funcionarios, de los cuales unos 50 son laborales.

Los sindicatos comienzan a revelar en público sus peticiones para hacer fuerza. El sindicato mayoritario, Acaip-UGT, llegó a decir que las condiciones que plantea el Gobierno Vasco invitan a pedir el traslado. Hoy se reunirán con la consejera, además de ELA y CC.OO.

El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, aseguró en una rueda de prensa en Bilbao que las condiciones "parecen una invitación al personal a que abandone Euskadi". Además, vio "falta de previsión". Denuncian que Euskadi no cuenta con centros de inserción social para afrontar el tercer grado; faltan trabajadores en Zaballa, Basauri y Martutene; y el 50% de los 700 funcionarios podría inscribirse en el concurso de traslados. Como línea roja, no permitirán que "un funcionario transferido pierda dinero.

La consejería no quiso hacer valoraciones por respeto al diálogo. Solo dice que el traspaso lo enfoca "pensando en las personas". ELA reveló la cita de hoy y que se concentrará ante la sede del Gobierno en Gasteiz para pedir un sistema "más democrático y social" y condiciones laborales "dignas", con una plantilla euskaldun y democrática.

EL PSE DENUNCIA

"Homenaje". El PSE de Errenteria ha denunciado en Twitter la celebración el pasado sábado de "un homenaje y exaltación" a "tres personas vinculadas con ETA", identificadas como 'Gude, Rafa y Félix'. Ha colgado un vídeo donde un grupo de jóvenes baila un aurresku ante una pancarta con sus fotos.

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