- El Ministerio del Interior que lidera Fernando Grande Marlaska ha reiterado a la Audiencia Nacional que no tiene competencia alguna en las repatriaciones de los menores a Marruecos que llevan en Ceuta desde mayo sino que es un asunto del Gobierno autónomo y la Delegación del Gobierno, y que su intención fue informar del procedimiento a la Fiscalía.

La Secretaría de Estado de Seguridad remitió ayer el expediente de las repatriaciones a la Audiencia Nacional, que se lo requirió hace una semana con “carácter urgente”.

Toda la documentación de la operación se incorporará a la pieza separada sobre la solicitud de la adopción de medidas cautelares a petición de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, cuyo recurso el Ministerio pide desestimar.

En el escrito, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, insiste en que el documento del 10 de agosto “no es una instrucción” y afirma que “la tramitación y resolución de los expedientes relativos al retorno concertado y reagrupación familiar en su país de origen, no es competencia del Ministerio”.

Al respecto, recuerda que el Gobierno de Ceuta había venido solicitando la aplicación del acuerdo hispano-marroquí y que el reglamento de la Ley de Extranjería señala que “las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno serán los centros directivos competentes para llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado”.

No obstante, añade que “en aras de la colaboración interadministrativa”, se emitió un escrito en el que “se rogaba se procediera a efectuar el retorno de los menores” a Marruecos, “respetando en todo momento sus intereses y derechos” con “el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a una institución de tutela”.

El secretario de Estado explica que esta “comunicación” fue también enviada a la Fiscalía General del Estado, una vez se tuvo conocimiento de la reunión mantenida entre las Administraciones territoriales (Gobierno de Ceuta y Delegación del Gobierno en Ceuta) con las autoridades de Marruecos que iban a colaborar en el procedimiento.

Por todo ello, insiste en que “ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales que se invocan pueden predicarse de la comunicación de Interior de 10 de agosto” que es el objeto del proceso.