- La modificación light de la Ley de Secretos Oficiales que podría estar preparando el Gobierno español ha encendido las luces de alarma. Después de que en los pasados días trascendiera que el gabinete de Pedro Sánchez prevé dejar algunos temas, como el golpe de Estado del 23-F o los GAL, fuera de la reforma de esta normativa franquista de 1968, el Foro Social Permanente reclamó ayer la desclasificación de todo lo relacionado con el terrorismo de Estado. Alega que sería una forma de “garantizar los derechos de todas las víctimas”, atendiendo a lo que dispone el derecho internacional en cuanto a las vulneraciones de derechos humanos.

En un comunicado, la plataforma coordinada por Agus Hernán recuerda que la reforma de esta ley comenzó el pasado abril, y que al cargo de la misma está el ministerio de Presidencia, con la participación de los de Interior, Defensa y Justicia. Después de que La Vanguardia avanzara el pasado domingo que el Ejecutivo de Sánchez pretende dejar fuera de esta iniciativa los crímenes de los GAL, el Foro Social recuerda en su nota que el derecho internacional defiende el principio de no discriminación entre víctimas de derechos humanos. Ello significa que todas “tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación, y a tener garantías de no repetición”.

La modificación de esta normativa viene siendo reclamada de forma activa por el PNV desde 2016, con la presentación de una proposición de ley, lo que ha sido respondido con los portazos de los Gobiernos del PP y el PSOE. El Foro Social advierte de que, de confirmarse la laxitud de la reforma prevista, “las víctimas de los GAL y de la tortura, entre otras, seguirían siendo discriminadas y conculcado su derecho a la verdad, la justicia y la reparación”. Exige por ello una nueva Ley de Secretos Oficiales “libre de corsés para poder así garantizar los derechos de todas las víctimas”, de nuevo en función de los parámetros internacionales.

La información del rotativo catalán asegura que el borrador que está sobre la mesa del ministerio de Presidencia apunta a que no habrá una desclasificación general de documentos pasado un tiempo concreto, sino tan solo en casos puntuales. Los plazos que se establecerán para ello dependerán del grado de protección del que disponga cada materia clasificada. Además, Moncloa se reservará la decisión última sobre dicha desclasificación, de modo que no se desvelarán de modo general. El diputado del PSOE Odón Elorza reclamó el pasado domingo en una entrevista a este medio la modificación urgente de esta ley.

Al igual que Elorza, el Foro Social citó ayer el caso de Mikel Zabalza, “víctima de la violencia ejercida por el Estado” en 1985 y cuyos familiares exigen asimismo este cambio legislativo “para revelar la verdad de su caso”. Por este motivo, el Foro se dirigirá a partir de septiembre a los grupos de la investidura de Pedro Sánchez para transmitirles la moción que aprobó el Parlamento navarro el 18 de marzo en la que instaba a Moncloa a modificar la Ley de Secretos Oficiales.

“Si el Gobierno español deja los GAL fuera de la nueva ley, las víctimas seguirán siendo discriminadas”

Comunicado