- El proceso de repatriación de los menores no acompañados que en mayo pasaron de forma irregular de Marruecos a Ceuta, que ha sido paralizado de forma cautelar por un tribunal de la ciudad autónoma y sobre el que la Audiencia Nacional ha pedido información urgente, ha puesto de los nervios a Unidas Podemos y ha tensado la relación en el seno del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Sobre todo la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha elevado el tono asegurando que no ha sido informada de esta operación. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó ayer entrar en el cuerpo a cuerpo y afirmó que el Ejecutivo está trabajando de forma coordinada con todas las instituciones competentes.

Insistió en que la “comunicación es constante” entre todos los equipos de Moncloa en torno a un “operativo que se conocía adecuadamente por todos”. En este sentido, recordó que “todas las cuestiones interdepartamentales se documentan” por diferentes vías, citando entre ellas los emails o las cartas. Marlaska también dijo que “no le consta” que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se quejara ante el presidente Sánchez.

En concreto, Díaz trasladó por carta al presidente español el “descontento” de su formación y exigió la paralización “inmediata” de las devoluciones. El mismo medio, la carta manuscrita, fue el elegido por Belarra para hacer llegar su queja al Ministerio del Interior, en la que urgía a “definir adecuadamente un protocolo” para este proceso. Censuró asimismo que Marlaska no se había puesto en contacto con su departamento “por ningún medio y en ningún momento”.

También desde el Gobierno español, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmó ayer que “se está procediendo a la aplicación de un acuerdo especial con Marruecos” para abordar “la reunificación de los menores con las familias”. Durante una visita en Cádiz, Calviño dijo coincidir con Marlaska en que “la prioridad del Gobierno es la protección del interés de los menores”.