Interior pretende dejar sin desclasificar los GAL con la nueva ley de secretos

Moncloa no prevé desclasificaciones automáticas de documentos oficiales

16.08.2021 | 00:39
Mural en Altza que pide verdad, justicia y reparación para Mikel Zabalza. Foto: Ruben Plaza

madrid – El candado que el PSOE podía abrir para esclarecer algunos casos de violencia protagonizados por los GAL parece cerrarse. Los socialistas, con Pedro Sánchez al mando del Gobierno español, activaron hace ya un tiempo los mecanismos previos para derogar la Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el franquismo, si bien esta modificación arrojará aún más sombras sobre el esclarecimiento de algunos casos. Según publicó ayer La Vanguardia, el Ejecutivo confía en dejar fuera de la lupa tanto el golpe de Estado del 23-F como los crímenes del GAL.

La noticia supone un jarro de agua fría para las familias de las víctimas del GAL, que veían con algo de esperanza la modificación de esta ley, una de las principales asignaturas pendientes desde que la democracia se abriera paso tras la dictadura. No en vano, el borrador sobre el que trabaja el Gobierno de Sánchez no apunta en dirección a una desclasificación general de documentos pasado un tiempo concreto, sino que apela a casos puntuales. No habrá, por lo tanto, desclasificaciones automáticas pasado un plazo prudencial.

Además, la publicación de documentos estará sujeta a diferentes plazos según el grado de protección del que dispongan. El texto previo ha sido elaborado por el ministerio de Presidencia encabezado actualmente por Félix Bolaños, pero también ha implicado a los departamentos de Interior, Defensa y Justicia.

Aunque sí que incluye la posibilidad de sacar a la luz hechos concretos por ser "excepcionales", no se desvelarán de modo general. Ello conllevaría que sea la propia Moncloa la que decida sobre a qué cuestiones dará el visto bueno. Será una decisión discrecional del Ejecutivo. Este mismo fin de semana, el diputado del PSOE Odón Elorza se refirió en este periódico al caso de Mikel Zabalza y avanzó que la dirección del Grupo Socialista en el Cogreso debatirá, posiblemente en septiembre, una proposición para tratar de sacar a la luz lo qué ocurrió con Zabalza, detenido el 26 de noviembre por la Guardia Civil, trasladado después al cuartel de Intxaurrondo y cuyo cadáver apareció el 15 de diciembre en el río Bidasoa. Elorza aboga por un cambio en la Ley de Secretos Oficiales. "Esa ley hay que cambiarla", ha apuntado recientemente en este diario. "Está en el ánimo del Gobierno, hace falta hacerlo con voluntad política y sentido de la urgencia para llevarlo adelante, pero es un compromiso del Gobierno. Para desclasificar estos papeles, en este caso no creo que haga falta camiar la ley", aseveró.

iniciativas Además de las formaciones políticas, entre las que se incluyen diferentes iniciativas presentadas en el Congreso por partidos vascos, tal y como hizo el PNV en 2016 con una proposición de ley –paralizada en numerosas ocasiones–; familiares de victimas del GAL vienen reclamando en los últimos años que se esclarezcan los sucesos que rodearon la muerte de sus allegados. Es el caso de Pili Zabala –hermana de Joxi Zabala– o Maider García Martín –hija de Juan Carlos García Goena, asesinado por las GAL en 1987–.

La patata caliente de reformular la Ley de Secretos Oficiales está, en todo caso, sobre la mesa del Gobierno de Sánchez. Pero todo indica que la declasificación de los casos considerados como secretos será responsabilidad del Consejo de Ministros, tal y como ya recoge la normativa franquista de 1968.

Ley de secretos oficiales

Numerosas negativas al PNV

Desde abril. El Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha la reforma de Ley de Secretos Oficiales en abril del presente año. Lo hizo tras inumerables negativas al PNV, que durante las últimas legislaturas ha abogado por ello, y elaborando su propia modificación. El inmovilismo de los socialistas, pero también del PP, ha dilatado el arranque del proceso.

Equiparación. La modificación de la normativa, alumbrada en pleno período franquista, busca equiparar al Estado con otras democracias occidentales, especialmente las de los países del entorno europeo.

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