- Euskadi ha arrancado que las inversiones de los fondos europeos puedan ser plurianuales, lo que permitirá una planificación más ajustada que contribuya a que “su uso sea un éxito, algo en lo que no escatimaremos esfuerzos”. Así se pronunció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, tras su participación en la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia convocada por el Ministerio de Hacienda, presidido por la titular del departamento, María Jesús Montero. El encuentro entre el conjunto de las comunidades tenía como objetivo aclarar cuestiones técnicas de funcionamiento, seguimiento e información, abordándose aspectos sobre los que el Gobierno Vasco lleva poniendo énfasis desde hace meses, y deparó un nuevo ataque desde los feudos dirigidos por el PP contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Algunos territorios reclamaron la figura de los Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica) autonómicos, en la línea de lo planteado por la CAV, vía que quedó abierta al análisis y que serviría para facilitar la gestión y evitar la fragmentación en distintos ministerios de los proyectos que optan a los fondos para la recuperación. Se trataría de garantizar que las iniciativas no se diluyan en un esquema donde prime el perfil sectorial y que dispongan de un canal propio, que abarque todas las etapas y facilite su puesta en marcha.

En el cónclave no se ofrecieron detalles minuciosos respecto a las cuantías, más allá de los ofrecidos el pasado viernes por parte de Sánchez cuando trasladó que el 55% de los fondos europeos de 2021 serían gestionados por las comunidades autónomas. Los anuncios parciales que se han dado a conocer en las diferentes conferencias sectoriales de varios departamentos contemplan una asignación directa a Euskadi para la gestión directa cercana a los 500 millones de euros en los próximos tres años, en ámbitos de educación, empleo, medioambiente, políticas sociales, igualdad, transportes, vivienda, urbanismo o eficiencia energética. Azpiazu mostró su interés en seguir aterrizando este plan de forma intensa a partir de septiembre, momento en el que las comunidades y entidades locales tendrán que tener mayor protagonismo en el diseño de los programas financiados, garantizándose el cumplimiento de los hitos y objetivos aprobados por Europa.

Montero anunció que ya se han asignado a las comunidades 7.230 millones de euros de los fondos europeos, 200 millones adicionales se repartirán en los próximos días “y se está en camino de cumplir” los 10.500 comprometidos. Igualmente, concretó que los “criterios de distribución” se adoptan en las distintas sectoriales y es cada ministerio el que acuerda con la comunidad cómo se reparte, en qué cuantía y durante qué periodo. La titular de Hacienda instó a las comunidades a “remar en la misma dirección” porque el plan de recuperación es un “proyecto de país”, afirmó que la reunión fue “amigable y planteada desde el respeto”, y criticó a quienes tienen interés en trasladar exclusivamente “ruido y bronca”. Respecto a la posible penalización a quienes no cumplan con la ejecución del dinero asignado, Montero dijo que tiene que haber un mecanismo para que si una comunidad no puede cumplir, entonces el resto se tendrá que hacer cargo de esos recursos para que se puedan impulsar las iniciativas. “No se trata de castigar a nadie, se trata de que el resultado final sea el comprometido con Bruselas”, aseveró. “Bruselas no entra en si una comunidad no ha cumplido, a quien pide explicaciones es al Gobierno de España”, apostilló, y añadió que Bruselas hará “el seguimiento, la trazabilidad, las pistas de auditoría y podrá pedir información en cada momento”.

En sintonía con Euskadi, Canarias pidió que se prorrogue hasta 2026, tres años más, la aplicación de los fondos para la recuperación pospandémica, mientras que la ministra se comprometió a facilitar un sistema que permita a cada comunidad conocer en detalle las cuantías que les corresponderá ya que a día de hoy esa información se halla atomizada. Por su parte, desde la Xunta se exigió al Gobierno la “gestión directa” del 50% de los fondos para las comunidades y un acceso a las mismas “en igualdad de condiciones”, de acuerdo con criterios de reparto que respondan a “principios de financiación autonómica”. El Ejecutivo de Alberto Núñez-Feijóo defiende la necesidad de que los distintos territorios reciban “competencias” para “establecer criterios para asignar esos fondos”. Y lamentó que esta situación “no sea posible” en el ámbito de la política industrial, en la que denunció que el Gobierno de Sánchez “se ha reservado el 100% de fondos” y “el establecimiento de criterios” para la asignación de recursos.

Las autonomías encabezadas por el PP se valen también de este ámbito para azuzar al Gabinete de coalición. Madrid criticó que el Gobierno “simule” un trabajo conjunto con las comunidades para los fondos europeos pero que, a su juicio, “no existe”. “Una vez más el Gobierno de Pedro Sánchez nos reúne a las comunidades para hablar de fondos europeos y de nuevo ni nos da información ni nos consulta absolutamente nada”, declaró su consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty. En paralelo, el Ejecutivo de Murcia censuró que el reparto de los fondos se ha convertido “en un caos, donde cada ministerio está aplicando unos procedimientos y unos criterios diferentes”.