- La decisión del Tribunal Constitucional de rechazar el confinamiento durante el estado de alarma ha reducido a cenizas todo el esfuerzo policial que se realizó desde la comunidad autónoma vasca para colaborar con el Estado español y hacer cumplir las restricciones. A la espera de que se concrete si se debe devolver el dinero de las multas, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, calificó ayer de “sorprendente y chocante” la decisión del tribunal, avisó de que “traerá consecuencias importantísimas”, y añadió que “deja en agua de borrajas buena parte de lo que se ha hecho”. Pidió, además, que el Constitucional aclare en su sentencia todos los extremos, también lo referido a la devolución de multas. La Ertzaintza denunció 13.454 infracciones, además de 9.501 de las Policías locales, y el importe cobrado en pronto pago son 1.568.356 euros. Los sindicatos Erne y Euspel también acogieron con disgusto que quede en “trabajo baldío” tras los problemas de orden público que han sufrido.

Erkoreka consideró que el tribunal ha rechazado el estado de alarma por “una cuestión de nomenclatura o de adaptación a un tipo u otro de los previstos en la ley” (no discute que las medidas eran necesarias, pero plantea que tendrían que haberse adoptado bajo el estado de excepción). Recordó que la declaración del estado de alarma se tradujo en un llamamiento “a todas las policías” de “implicación, compromiso y singular diligencia en el cumplimiento estricto de la normativa de salud pública que entraba en vigor”. La Ertzaintza y las Policías locales “cumplieron rigurosamente el cometido que se les encomendó de ser exigentes, de ser rigurosos”. Y se hizo, además, “un esfuerzo organizativo importante”, con contratación de personal e inversión en una aplicación informática, ante la “repentina multiplicación por 40 del número de expedientes”. “Buena parte puede quedar en agua de borrajas. Puede comprenderse el desánimo que transmite una decisión de este tipo tras el esfuerzo ímprobo”, lamentó.

Pidió que la sentencia “se dicte con todos sus contenidos” para conocer “cuáles son las consecuencias para los expedientes que han sido abiertos y se encuentran en tramitación”. Se denunciaron 13.454 actuaciones por la Ertzaintza y 9.501 por las Policías locales, a los que hay que añadir las que tramitan los ayuntamientos de Barakaldo, Bilbao y Gasteiz. Los expedientes incoados son 11.516 por la Er-tzaintza y 8.721 por la Policía local, y los finalizados son 6.282 y 4.306, respectivamente. Las multas abonadas en pronto pago (300 euros, frente a la multa tipo de 600) ascendieron a 2.921 por la Ertzaintza (874.721 euros), y 2.334 en las locales (693.635).