- La relación entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez discurre por la senda de la normalidad. De ahí que gestos como la demora en la ejecución de la transferencia del IMV a las instituciones vascas o la lenta travesía por la que caminan las inversiones para el tren de alta velocidad (TAV) en Euskadi resulten “incomprensibles” en Sabin Etxea, lo que el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, describe como “ritmo caribeño” desde Moncloa. La formación nacionalista tiene disposición a que la actual legislatura siga en pie hasta finales de 2023 o principios de 2024, sobre todo porque la alternativa resulta, a priori, muchísimo peor, con el contexto catalán como telón de fondo, pero, según los nacionalistas, ello no debe propiciar que Sánchez se acomode y espere que los apoyos le caigan llovidos del cielo. “Que no se repantingue cómodamente en su sillón”, le apremió el propio Ortuzar. En el horizonte están esos Presupuestos de 2022 que necesitan de los seis votos afirmativos del PNV.

Inversiones, fondos europeos y transferencias serán claves en la negociación de Moncloa para las Cuentas. Si Sánchez quiere los escaños soberanistas de Euskadi y Catalunya deberá ceder la completa gestión de los fondos europeos que, a juicio de los gobiernos de estos territorios, les corresponde en función de su tamaño en la economía del Estado. A los catalanes les toca unos 14.000 millones y a la CAV, como señaló el consejero Pedro Azpiazu, 6.500 millones. La inversión en infraestructuras también será prioritaria. El Govern demanda unos 2.800 millones y Euskadi, unos 600. Además, sobre la mesa está, en cumplimiento de los Estatutos vascos y catalán, la transferencia de la gestión de 35.706 millones de 2,26 millones de pensionistas, tal y como reclamaron en la concertación de los Presupuestos del Estado de este año. La CAV pide desde hace años la transferencia de la gestión económica de 560.000 pensionistas por 10.131 millones y Catalunya la cesión de la gestión económica de 25.575 millones de 1,7 millones de pensionistas.

Mientras, el PNV sigue dando la batalla por el TAV y su soterramiento en Bilbao y Gasteiz. Los jeltzales pretenden que Sánchez intervenga para poner orden en el caos entre tres ministerios que están paralizando la infraestructura por trabas burocráticas, fallos de comunicación sobre los trámites pendientes y, a veces, dejación o “falta de coordinación”. El nudo gordiano se dirime entre el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, el de Transportes de José Luis Ábalos, y el de Transición Ecológica de Teresa Ribera. O faltan los informes de impacto ambiental de este último departamento, la memoria económica de la ministra portavoz y su autorización para realizar un desembolso dentro de los Presupuestos, o el visto bueno final o un convenio de Ábalos. “Seguirán sintiendo nuestro aliento en el cogote” hasta que cumpla todos los acuerdos sin excepción, advirtió hace poco la diputada nacionalista Josune Gorospe. No tanto por buscar un cambio de caras en distintos departamentos sino para la evaluación continua de los compromisos. “Porque el tiempo avanza”, dicen.

El Constitucional lo admite. El TC ha admitido el recurso del PP contra la convalidación del decreto de fondos europeos al “concurrir una especial trascendencia constitucional” ya que “plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal”.