- Izquierda Unida ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el auto del Tribunal Supremo en el que se acordaba el archivo de la querella que presentó junto al Partido Comunista de España y el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas contra el rey emérito, Juan Carlos I, por presuntos delitos relacionados con el cobro de comisiones ilegales y con ingresos no declarados a Hacienda.

El partido considera que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva a obtener “una resolución judicial motivada, razonada y razonable”, así como el derecho a que se siga “una investigación eficaz y efectiva”, según precisa en un escrito de 100 folios interpuesto el 25 de junio y al que ha tenido acceso Europa Press.

En este sentido, la formación insiste en que como acusación popular solicitó incoar una investigación que “afecta la credibilidad de la institución de la corona, a la de la propia justicia de nuestro país en el ámbito internacional y al sosiego del conjunto de la ciudadanía española” y defiende que “existe un indudable interés constitucional ligado además al evidente interés social que tiene el caso”.

En el marco del recurso, la formación reprocha también la actuación de la Sala Segunda del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, y presenta una queja de amparo al considerar que se ha visto afectado también su derecho a un proceso con todas las garantías, al tener “dudas o sospechas sobre una posición no imparcial a la hora de investigar hechos que afectan al anterior monarca por parte de los magistrados”.

Izquierda Unida hace referencia al incidente de recusación -que finalmente fue desestimado- planteado contra los jueces del Alto Tribunal “con ocasión de las expresiones denigrantes que se plasmaron contra esta acusación popular”.

El recurso tiene lugar después de que el pasado febrero el Supremo resolviera el archivo de la querella de IU -y la de Òmnium- al entender que estaba basada solamente en el “relato periodístico” y que para abrir una causa penal “se precisa algo más”.

Al momento del archivo, los magistrados indicaron que, “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes” del proceso penal. “Los juicios de valor de quien pretende ejercer la acción popular no convierten la noticia en delito”, señalaron entonces.

Izquierda Unida, en su recurso, defiende que los “hechos de nueva noticia que oportunamente se pusieron en conocimiento” del Supremo “no son simples noticias de prensa” convertidas en causa criminal, “sino derivadas de declaraciones y revelaciones de personas” que “tenían un conocimiento directo” de los hechos que se estaban investigando.

En este sentido, lamentan que tales declaraciones hayan trascendido a la prensa porque “al parecer” ello constituye “un obstáculo insalvable” para seguir adelante con las pesquisas.