El Govern exige una solución a la “represión” del Tribunal de Cuentas

El órgano fiscalizador reclama 5,4 millones a 40 ex altos cargos por la acción exterior del ‘procés’

30.06.2021 | 00:44

barcelona – "Es franquismo de fondo y forma". Así reaccionó Carles Puigdemont a la reclamación por parte del Tribunal de Cuentas de 5,4 millones de euros a una cuarentena de ex altos cargos de la Generalitat por presuntos gastos indebidos en la acción exterior del Govern –las llamadas embajadas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat)– entre los años 2011 y 2017, y que afecta también, entre otros, al expresident Artur Mas y al líder de Esquerra Oriol Junqueras. El Ejecutivo catalán insta al Gobierno de Pedro Sánchez a acabar con esta "represión económica" y, así se lo trasladó ayer Pere Aragonès a su homólogo español, en tanto que obedece a unos delitos inexistentes y se "opone frontalmente" a abonar este dinero, como señaló la portavoz, Patrícia Plaja. El Govern cree que se quiere arruinar a familias para crear miedo entre la ciudadanía y los cargos públicos independentistas por parte de un ente que "pese a su nombre, no es un tribunal, sino un órgano administrativo parajudicial que busca venganza", politizado y que ha llevado este caso de forma arbitraria hasta el punto de que cualquier otra persona se podría ver afectada en el futuro.

A cada uno de ellos se les exigen cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos, si bien todos ellos deberán responder al total de forma solidaria hasta los 5,4 millones. Así, por ejemplo, las responsabilidades individuales se fijan en 1,9 millones de euros para Puigdemont y Junqueras, 2,1 para Raül Romeva y 2,8 para Artur Mas y para el economista y exconseller Andreu Mas-Colell. Todas ellas se sumarán a los 4,1 millones de euros que la instrucción del tribunal contable calculó que costó el referéndum del 1-O y que ya fueron consignadas por personas del entorno independentista. A los abogados de los afectados se les entregó un documento de 504 páginas que debían leer en solo tres horas para después presentar alegaciones en apenas diez minutos. Notificado el expediente de liquidación, el plazo para depositar el dinero es de quince días.

Entre los conceptos que se demandan están los viajes al exterior del president y los consellers (317.790,97 euros) y las actividades de la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea. Dentro de este epígrafe se reclama por las actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, por los encuentros con delegados y por contratos varios. También se alude a los gastos de las delegaciones del Govern en el exterior y ante la Unión Europea. Una de las personas citadas es Maryse Olivé, exdelegada de la embajada en Francia, que murió en 2017 y a quien se le mantiene la acusación con fianza de 22.725 euros que se le piden ahora a su hija. Dentro de los gastos por visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas, comunicación y promoción en red se reclaman una de las cantidades más altas, 932.125 euros.

El informe analiza, entre otros datos, todos los viajes al extranjero realizados por miembros del Govern y llega a la conclusión de que 45 de ellos no son justificables porque las actividades que se desarrollaron escapan a las competencias del Ejecutivo catalán al abordarse cuestiones relacionadas con el procés. El tribunal incluye en la lista los desplazamientos de Mas a Bruselas en 2014 donde defendió la celebración de la consulta del 9-N o a Ámsterdam, al año siguiente, donde explicó su posición política a los liberales europeos reunidos allí.

Junts y PDeCAT solicitaron a Moncloa ordenar a la Abogacía que se retire de la causa. La portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, y de la marca posconvergente, Ferran Bel, acusaron al tribunal de ser un órgano "politizado y parcial". "Más hechos y menos palabras y titulares. O este Gobierno actúa o será lo mismo que el PP, pero con un poco más de maquillaje", subrayó la primera. El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, resaltó que "no se puede llevar por delante a más de 40 personas con la Abogacía dando apoyo a demandas absolutamente surrealistas y muy malintencionadas y prevaricadoras, y por otro lado decir que es el momento de la concordia". Podemos apela a explorar "todas las vías posibles" para sacar del plano de la "judicialización" las causas abiertas del tribunal, al igual que opinó el ministro socialista, José Luis Ábalos. El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer enmarcó este capítulo en la "persecución del Estado" al movimiento independentista.

abogado de puigdemont

boye acudirá ante la justicia belga

Un informe con deficiencias. El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, reprochó que solo se les diera diez minutos a los letrados para presentar alegaciones sin importar la cantidad de clientes que tengan en el procedimiento y criticó las explicaciones del Tribunal de Cuentas, al que llevará ante la justicia belga si su representado "tiene alguna repercusión económica". "Se necesita un manual de instrucciones para entender lo que están haciendo", dijo Boye, indicando que "se les olvidó pedir el suplicatorio" del eurodiputado en la instrucción de este asunto, motivo por el que se reservarán acciones ante otras jurisdicciones. Otra incorrección es que no cuadran las cantidades desglosadas con la suma final, así como que se haya dictado una providencia cuando el caso supuestamente no era jurisdiccional y que haya habido una citación contradictoria (con partes enfrentadas), cuando no era un caso contradictorio. "Se inventan el procedimiento sobre la marcha".

"Se pretende arruinar a familias enteras para asustar a cargos públicos independentistas"

patrÍcia plaja

Portavoz del Govern

"Es franquismo de fondo y de forma por parte de un tribunal que actúa de inquisición española"

carles puigdemont

Expresident de la Generalitat

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