- El Gobierno español reconoce que las causas ante el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern son “piedras en el camino” en el escenario de diálogo abierto con la Generalitat tras los indultos a los presos soberanistas. Así lo señaló ayer el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien prometió “ir desempedrando” ese obstáculo “pero siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad”. El tribunal rechaza paralizar el expediente por responsabilidad contable por la promoción exterior del procés, que abarca la gestión del organismo Diplocat y varias consellerias, y está abierto contra los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellers Andreu Mas-Colell y Raül Romeva, así como contra otros 35 exdirigentes y funcionarios de la Administración catalana.
El cálculo del tribunal en un primer análisis, según apuntaba ayer el diario El País, es que se emplearon 5,4 millones de euros en promoción exterior y búsqueda de apoyos internacionales para el proyecto independentista, aunque la cifra aún no es firme, y seguramente sea menor de prosperar las peticiones de algunos de los citados. Hay otro informe, más avanzado, en el que la cantidad reclamada es de 4,8 millones de euros, en relación con los gastos realizados para la organización y desarrollo del referéndum del 1-O. De ahí que la suma global podría situarse alrededor de los 10 millones de euros. En concreto, Ábalos aseveró en la cadena Ser que le llama la atención la “posición” de Mas-Colell, aunque no cuestiona la función de instituciones como el Tribunal de Cuentas y piensa que toda solución debe tener encaje en la ley.
La medida de gracia concedida a los presos no alcanza a las responsabilidades contables que se investigan y algunos de los recursos presentados cuestionan de forma radical al tribunal y sus procedimientos, como órgano fiscalizador y jurisdiccional. El 29 de junio, curiosamente el día en que Pedro Sánchez y Pere Aragonès se han citado en La Moncloa para una primera toma de contacto antes de emprender la mesa de diálogo, los 40 investigados intentarán frenar o reconducir el procedimiento en un acto de larga duración donde la delegada instructora les notificará qué se les exige a cada uno, bajo advertencia de que si no afianzan esa cantidad serán embargados sus bienes hasta alcanzar la cuantía reclamada.
Pere Aragonés entiende que el Tribunal de Cuentas, “con personas próximas al PP” y “altamente ideologizado”, pretende seguir con la “represión” y hacerlo “más allá de sus funciones”. “Se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo haga”, afirmó en implícita mención al Ejecutivo de Sánchez. De hecho, el president, en alusión a Ábalos, reseñó que “si un ministro ve piedras en el camino, o en este caso rocas, que las saque”.
Por su parte, el exconseller Jordi Turull no entiende su citación porque “me cargan los gastos en Acció Exterior de 2011 al 2017 cuando yo no formaba parte del Govern de Mas, y cuando fui conseller de Presidència -de julio a octubre de 2017- no tenía ninguna competencia en Exteriors”. Con esta causa y las otras que hay abiertas contra el independentismo, no ve claro que se abra una nueva etapa política entre el Estado y Catalunya, sino que habrá que “explorar si se abre, ya que el mismo día que se reúnen los presidentes, nosotros estamos citados por el Tribunal de Cuentas”.
El PP aprovechó para poner el grito en el cielo. Pablo Casado censuró que Ábalos busque “amenazar” al tribunal cuando es el Gobierno “radical” que dirige Sánchez “la única piedra en el camino de la Justicia, el Estado de Derecho y los reguladores”. El responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se limitó a apuntar que “cada institución, en una democracia solvente y sólida como la española, hace lo que tiene que hacer conforme a su competencia”. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, consideró “indignante” y “una barbaridad” lo manifestado por Ábalos, y que es “de vergüenza” que en democracia un Gobierno diga lo que tienen que hacer los tribunales.
Paralelamente, Ábalos se posicionó sobre los indultos al destacar que “se hacía más daño teniendo a estas personas en la cárcel que fuera de ella” y piensa que la campaña del PP contra esta medida es “propaganda para dar consistencia a su histeria”. “Si lo hubieran tenido que hacer ellos y llamar movimiento de liberación nacional al independentismo, lo hubieran hecho”, zanjó el socialista.
Indultos: “Un gesto pequeño”. El exconseller Jordi Turull, uno de los soberanistas indultados, afirmó que la medida “es un gesto pequeño”, pues los “represaliados” por el ‘procés’ “son 3.000” y los indultados solo 9. “Veremos si se abre una nueva etapa”, apuntó en TV3, donde mostró sus dudas sobre la verdadera voluntad del Ejecutivo. “Hay un compromiso de explorar una nueva etapa. Pero al otro lado no hay ninguna propuesta. Todo lo que no pase por que los catalanes decidan su futuro, no arreglará nada”, zanjó.
“Es la nueva inquisición económica; si un ministro ve piedras, o en este caso rocas, que las saque”
President de la Generalitat
