Aprobados los indultos del 'procés'

La gracia de Sánchez no llega a todos

23.06.2021 | 00:03

La decisión de Moncloa no resuelve otra gran parte del embrollo del 'procés': la relativa a los independentistas que optaron por refugiarse en el extranjero y a quienes siguen teniendo causas menores pendientes con la Justicia

Los indultos aprobados ayer en el Consejo de Ministros se antojan una salida efectiva para destensar el conflicto político en Catalunya y, sobre todo, para aliviar la situación de los nueve encarcelados por el 1-O, que llevan en prisión más de tres años y medio. Sin embargo, la concesión de la medida de gracia por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no resuelve otra gran parte del embrollo del procés, la relativa a los independentistas que optaron por refugiarse en el extranjero en busca de un juicio justo –sobre quienes pesan peticiones de extradición– y a quienes siguen teniendo causas menores pendientes con la Justicia española, que el soberanismo catalán cifra en 3.000 personas.

De esta manera, el paraguas del indulto no da cobijo a todos, y a la mayoría de independentistas que tienen cuentas a resolver con la Justicia no parece que vaya a serles de utilidad para resolver sus respectivas situaciones legales. Entre ellos, están nombres muy significativos como el del expresident Carles Puigdemont, los exconsellers Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín, o la dirigente de ERC Marta Rovira.

Respecto al caso de Puigdemont y los exconsellers que se trasladaron a Bruselas en otoño de 2017 para evitar su encarcelamiento en el Estado español, siguen teniendo muy complicada su situación en el caso de que quisieran regresar a Catalunya ya que, a pesar de los indultos, serían juzgados en el Tribunal Supremo y expuestos a penas de prisión.

En esta tesitura, todos los sectores del independentismo apuestan por una amnistía que sí serviría como solución integral a los problemas judiciales de quienes fueron represaliados por el procés. Sin embargo, ante las nulas opciones de materializarse esta vía a día de hoy, es la reforma del delito de sedición la que podría facilitar las cosas para que, por ejemplo, Carles Puigdemont pueda regresar a Catalunya en un futuro no muy lejano.

Por ahora, poco se conoce sobre la reforma de la sedición que, en cualquier caso, podría moverse entre la derogación que reclama Unidas Podemos o la rebaja de las penas por este delito que quiere impulsar la parte socialista del Gobierno español. Pero, aunque la sedición fuera suprimida o su tipo penal atenuado, el expresident de la Generalitat y el exconseller Comín se arriesgarían a ser condenados por malversación de caudales públicos, delito castigado con entre dos y seis años de cárcel, en el supuesto de que pisaran territorio del Estado español.

Caso distinto es el de la consellera Meritxell Serret, que regresó el pasado mes de marzo a Catalunya tras más de tres años en Bélgica, y está ahora a la espera de ser juzgada en el Supremo por los delitos de malversación y desobediencia, pero con unas perspectivas menos gravosas puesto que, como Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs, su departamento no se encargó de la organización de la consulta del 1-O.

Así, hay diversas casuísticas entre quienes optaron en 2017 por refugiarse en otros países europeos. La exconsellera y ahora eurodiputada Clara Ponsatí solo está procesada por sedición, mientras que el exconseller Lluís Puig tenía pendientes causas por desobediencia y malversación. En este caso, la Justicia belga ya falló en favor de Puig y descartó entregarlo a España en ningún caso. Por último, en Suiza se encuentra la secretaria general de ERC, Marta Rovira; que fue procesada por rebelión pero contra quien ahora no pesa euroorden alguna.

los otros encausados Más allá de los que se encuentran en el extranjero, el independentismo cifra en casi 3.000 personas quienes residen en Catalunya y tienen cuentas pendientes en los tribunales por los distintos procesos penales derivados del procés. Así, desde las asociaciones y formaciones soberanistas se recuerda que quedan numerosos cargos del Govern procesados por los preparativos del referéndum –con delitos castigados con penas de cárcel–, los que ven ahogada su carrera política por posibles condenas de inhabilitación y los que afrontan embargos millonarios en las piezas judiciales relacionadas con los gastos del 1-O o del 9-N.

Dentro de estos grupos entran nombres destacados del independentismo, desde el expresident del Parlament Roger Torrent –investigado por desoír al Constitucional– hasta los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, procesados por desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos en la organización del 1-O. Por la logística del referéndum están procesados además por hasta cuatro delitos otros 29 empresarios y cargos del Govern, entre ellos la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga.

Asimismo, hay centenares de manifestantes encausados por disturbios en las marchas y protestas de otoño de 2017, así como en las que siguieron a la condena del Supremo en 2019. Por último, están quienes han recibido reclamaciones millonarias por parte del Tribunal de Cuentas, como el propio Puigdemont, el expresident Artur Mas o el exconseller de Economía Andreu Mas-Colell.

mas-colell

30 premios nobel salen en su apoyo

Causa en el Tribunal de Cuentas. Una treintena de premios Nobel de Economía y otras 20 personalidades del mundo económico han publicado una carta de apoyo al exconseller Andreu Mas-Colell –encausado en el Tribunal de Cuentas–, defendiendo su "integridad" y alertando de las "consecuencias desastrosas" que puede tener este procedimiento para el profesor. Mas-Colell, que ha sido catedrático de Economía en la Universidad de Harvard, editor de la revista Econometrica y secretario general del Consejo Europeo de Investigación, está acusado junto a otros ex altos cargos de la Generalitat de haber cometido irregularidades en la acción exterior de Catalunya entre los años 2011 y 2017, sobrepasando las competencias de la comunidad autónoma. En la carta, publicada en el diario El País, los firmantes advierten que el procedimiento del Tribunal de Cuentas "puede tener consecuencias financieras desastrosas" para Mas-Colell, ya que la sanción podría exceder su patrimonio y serle incautados todos sus bienes.

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