- Tras las tensiones entre Esquerra y Junts para la conformación del Govern y el discutido papel de Consell per la República, Pere Aragonès y Carles Puigdemont limaron asperezas ayer en su encuentro en Waterloo, donde permanece exiliado el expresident, y escenificaron su “mutuo reconocimiento institucional”. Lo hicieron al calor de la concesión de los indultos a los presos soberanistas aunque advirtieron al Gobierno de Pedro Sánchez de que, aunque suponen “un paso”, no son la “solución definitiva” al conflicto en Catalunya. Paralelamente, reclamaron ambos la amnistía que, de paso, serviría para facilitar el retorno del líder de JxCat al Estado español. El president en ejercicio subrayó la “voluntad de continuidad” de la Generalitat en la tarea desempeñada por quien fue Jefe del Ejecutivo catalán durante el 1-O y confió en que esta cita haya sido la primera de muchas pero que las siguientes se puedan desarrollar en el Palau sin un contexto de “represión”.

En las casi dos horas de conversación se orillaron los asuntos más espinosos, al menos en público, para incidir en que se precisa de una salida “global” que ponga sobre la mesa la soberanía a través del derecho de autodeterminación. Ambos coinciden en que la medida de gracia de Moncloa es bienvenida en cuanto a que permite aligerar el dolor de los reclusos y sus familias, si bien Puigdemont puntualizó que Sánchez se ve abocado a los indultos porque si no toma la iniciativa, “otros”, en referencia a las instancias judiciales y políticas europeas, “lo harán. “Se trata de un autoindulto”, sentenció, al tiempo que dirigía al líder del PSOE la siguiente reflexión en alusión a su situación personal: “¿Va a respetar España la inmunidad parlamentaria que gozo en todos los países de la Unión Europea, menos en España?”. Paralelamente, Aragonès recordó a Sánchez que, si tiene propuestas que realizar, lo lógico es que se transmitan “a los representantes democráticamente elegidos por la ciudadanía catalana”, y no tanto en conferencias como en la que ha montado el socialista este lunes para explicar su agenda con Catalunya. De hecho, no asistirá.

Interpelado sobre si secunda el plan de la CUP de convocar un nuevo referéndum, pactado o no, en dos años, Aragonès aseveró que el “independentismo nunca renunciará a su objetivo, la independencia de Catalunya”. Puigdemont opto por recordar a los anticapitalistas que “ ya se llevó a cabo el 1-O” -”y se ganó”- y que “solo uno de acuerdo con el Estado”, como reza el acuerdo de Govern entre republicanos y posconvergentes, “puede sustituir su mandato”. “Si la CUP quiere trabajar en ese escenario, pues perfecto”, añadió, pero llamando a mantener una estrategia conjunta. Por su parte, el líder de ERC criticó que son “las medidas tomadas por el Estado” las que impiden que el expresident cuente con todas las medidas de seguridad por haber ostentado este cargo y, además, ser eurodiputado.

El responsable del departamento de Economía, Jaume Giró, denunció ayer en las jornadas del Cercle en Barcelona “la profunda injusticia” que se está cometiendo contra “represaliados y perseguidos a causa del procés”, entre ellos el propio Puigdemont, de quien dijo ante el mundo empresarial, altos dirigentes y el propio Sánchez que “está sufriendo un durísimo exilio, a menudo demasiado silenciado”. Por su parte, Josep Rull presentó su recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la condena por sedición que le impuso el Supremo.

Informe sobre la ultraderecha. ERC intentará la próxima semana que el Pleno del Congreso inste al Gobierno a analizar en un informe el “activismo ideológico de la ultraderecha” en la Administración y los poderes del Estado, incluyendo la Justicia, y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ejército. Así lo plantean en la moción que someterán a votación en el hemiciclo y que es consecuencia de la interpelación que sobre el ascenso de la ultraderecha dedicó Gabriel Rufián al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.